GORE Moquegua rechaza fallo judicial sobre límites territoriales y anuncia acciones ante el TC
Nota de prensa
8 de enero de 2026 - 4:24 p. m.
El Gobierno Regional de Moquegua expresa su rechazo a la reciente sentencia de la Sala Superior de Justicia de Moquegua que confirma el Informe N.º 045 de la Secretaría de Demarcación y Ordenamiento Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al considerar que vulnera derechos fundamentales de comunidades campesinas y afecta gravemente la integridad territorial de la región.
Así lo afirmó el gerente general del GORE Moquegua, Abraham Ponce Sosa, quien sostuvo que el fallo desconoce el derecho de las poblaciones a decidir sobre su pertenencia territorial y omite criterios técnicos e históricos relevantes. “No se puede definir el destino de comunidades enteras sin haberlas consultado ni escuchado a sus autoridades”, señaló.
Ponce Sosa advirtió que la aplicación del informe validado judicialmente tendría un impacto significativo en los distritos de Ubinas, Ichuña, Chojata y Carumas. En el caso de Ichuña, la afectación alcanzaría cerca del 45 % de su territorio; en Ubinas, alrededor del 10 %; en Chojata, un 8 %; y en Carumas, entre el 12 % y 15 %, incluyendo centros poblados como Titire y Aruntaya. En total, estarían comprometidas aproximadamente 20 comunidades campesinas.
El funcionario remarcó que el proceso judicial aún no ha concluido y anunció que el Gobierno Regional trabajará en la presentación de un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de revertir la sentencia y salvaguardar los derechos de las comunidades afectadas.
Asimismo, recordó que el propio fallo señala que entre los años 2015 y 2018 anteriores gestiones regionales no asistieron a ninguna convocatoria realizada por la PCM, tal como se puede constatar en la sentencia dictada días atrás, cuya irresponsabilidad ha llevado a esta situación. “Ahora lo que toca es impulsar un trabajo que nos va a permitir una adecuada defensa de nuestro territorio”, sostuvo.
Finalmente, informó que la gobernadora regional, ha dispuesto la realización de reuniones de alto nivel con congresistas, autoridades regionales y alcaldes de las zonas involucradas, a fin de definir una estrategia técnica y legal conjunta, considerando los actualmente en curso.
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Oficina Regional de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
Así lo afirmó el gerente general del GORE Moquegua, Abraham Ponce Sosa, quien sostuvo que el fallo desconoce el derecho de las poblaciones a decidir sobre su pertenencia territorial y omite criterios técnicos e históricos relevantes. “No se puede definir el destino de comunidades enteras sin haberlas consultado ni escuchado a sus autoridades”, señaló.
Ponce Sosa advirtió que la aplicación del informe validado judicialmente tendría un impacto significativo en los distritos de Ubinas, Ichuña, Chojata y Carumas. En el caso de Ichuña, la afectación alcanzaría cerca del 45 % de su territorio; en Ubinas, alrededor del 10 %; en Chojata, un 8 %; y en Carumas, entre el 12 % y 15 %, incluyendo centros poblados como Titire y Aruntaya. En total, estarían comprometidas aproximadamente 20 comunidades campesinas.
El funcionario remarcó que el proceso judicial aún no ha concluido y anunció que el Gobierno Regional trabajará en la presentación de un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de revertir la sentencia y salvaguardar los derechos de las comunidades afectadas.
Asimismo, recordó que el propio fallo señala que entre los años 2015 y 2018 anteriores gestiones regionales no asistieron a ninguna convocatoria realizada por la PCM, tal como se puede constatar en la sentencia dictada días atrás, cuya irresponsabilidad ha llevado a esta situación. “Ahora lo que toca es impulsar un trabajo que nos va a permitir una adecuada defensa de nuestro territorio”, sostuvo.
Finalmente, informó que la gobernadora regional, ha dispuesto la realización de reuniones de alto nivel con congresistas, autoridades regionales y alcaldes de las zonas involucradas, a fin de definir una estrategia técnica y legal conjunta, considerando los actualmente en curso.
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