Autoridades de Moquegua suscriben pronunciamiento sobre decisión de SENACE y alertan riesgo de conflicto por proyecto Huatipuka

En un hecho que vuelve a encender las alertas sobre la gobernanza ambiental en el país, las principales autoridades de Moquegua —la gobernadora regional, Abog. Gilia Gutiérrez Ayala; el alcalde provincial de Mariscal Nieto, CPC Jhon Larry Coayla; y el alcalde distrital de San Antonio, Ing. Santos Villegas Mamani— suscribieron un pronunciamiento conjunto para rechazar categóricamente la decisión del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), que dispuso la suspensión del procedimiento de revocación de la certificación ambiental del controvertido proyecto Huatipuka, a cargo de la empresa TOWER AND TOWER S.A.

La decisión de SENACE, contenida en el Oficio N.° 00092-2025-SENACE-PE, ha sido calificada por las autoridades moqueguanas como “arbitraria, irresponsable y poco diligente”, ya que —según indican— el procedimiento excede ampliamente los 30 días hábiles establecidos en el artículo 157 del TUO de la Ley N.° 27444, generando un acto administrativo irregular que favorecería a la empresa minera.

“No se trata solo de una omisión legal. Esta decisión desconoce el clamor social de las comunidades que rechazan el proyecto Huatipuka por su posible impacto en zonas de uso ambiental y ampliación de frontera agrícola”, advirtió la gobernadora Gutiérrez. Además, exigió la inmediata separación de la presidenta del SENACE y la intervención directa del ministro del Ambiente, para garantizar que se cumplan los compromisos asumidos con la región en tres reuniones multisectoriales sostenidas entre 2024 y 2025.

El proyecto Huatipuka, que ha sido duramente cuestionado por organizaciones sociales y autoridades locales, no cuenta con la aceptación social ni consenso en la población para su ubicación, una condición que, según especialistas en sociología ambiental, debería ser clave en cualquier política nacional de inversiones sostenibles.

Desde Moquegua se ha advertido que este tipo de decisiones desde el nivel central, sin un enfoque territorial ni diálogo efectivo, podrían desencadenar un nuevo escenario de conflictividad social en el sur del país. La región ha tenido antecedentes de movilizaciones por causas similares, vinculadas a la defensa del agua, el territorio y el ambiente.

En ese contexto, las autoridades de Moquegua han reiterado su pedido a la presidenta Dina Boluarte y al premier Eduardo Arana para que actúen con firmeza y eviten que esta situación escale. “El Estado no puede ser cómplice de la irresponsabilidad y falta de diligencia de funcionarios de alto nivel en SENACE”, señalaron las autoridades que suscribieron el pronunciamiento.

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