Gobernadores regionales suscriben declaración en I Cumbre Nacional de Salud realizada en Lambayeque
Nota de prensa
19 de abril de 2024 - 3:00 p. m.
Gobernadores de todo el país reunidos en la I Cumbre Nacional de Salud, suscribieron en Lambayeque una declaración abordando siete aspectos referidos a la escasez del agua potable, infraestructura y equipamiento del primer nivel de atención, funcionamiento óptimo de los establecimientos de salud, formalización de la doble percepción salarial, intercambio prestacional, sistema de compra de medicamentos, y construcción de nuevos hospitales.
El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, fue el anfitrión de este evento organizado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales -ANGR para abordar temas como la anemia, atención primaria, vacunación, enfermedades infecciosas, suministros, recursos humanos y hospitalarios, e inversión de proyectos.
En el primer punto del pronunciamiento, la ANGR reconoce la crítica situación derivada de la escasez de agua potable y la inadecuada gestión de aguas residuales en diversas regiones, e instó al Poder Ejecutivo a coordinar con los gerentes de Vivienda y Construcción de todas las regiones del país para llevar a cabo una reunión técnica conjunta, en colaboración con el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
El propósito de esta reunión será diseñar un plan integral para cerrar las brechas en el acceso al agua potable y saneamiento, y priorizando la implementación de plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales en las zonas más afectadas.
En el segundo punto, invocaron la colaboración del Ministerio de Salud (Minsa), el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), EsSalud, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), así como las direcciones y gerencias regionales de Salud para contar con infraestructura y equipamiento adecuados en el primer nivel de atención.
“En ese sentido, es necesario se implemente un plan integral mediante una mesa técnica entre : Minsa, EsSalud, gobiernos regionales, y comisión de salud del Congreso de la República con la finalidad de establecer un ruta propositiva para el cierre de brechas en infraestructura de salud, como lo son los establecimientos de salud del primer nivel de atención”, precisaron.
En el tercer punto, propusieron establecer un sistema de operatividad y mantenimiento que
garantice el funcionamiento óptimo de los nuevos establecimientos de salud, así como contar con un equipo de profesionales altamente especializados, quienes deberán trabajar en conjunto para asegurar la operatividad constante de la infraestructura y equipamiento de los centros de
salud.
“Con este enfoque integral en la operatividad y mantenimiento de los establecimientos de salud, buscamos asegurar la calidad y continuidad de los servicios de salud ofrecidos, contribuyendo así a mejorar la salud y el bienestar de la población peruana en todas las regiones del país”, acotaron.
En el punto cuatro, hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para que procedan
con la formalización legal que permita la doble percepción salarial para el personal de salud. “Es fundamental considerar la grave brecha de recursos humanos en el sector. Esta medida, además de reconocer el arduo trabajo y sacrificio del personal de salud, contribuirá a fortalecer la capacidad de atención y respuesta frente a las necesidades de salud de la población”, anotaron.
En el quinto aspecto, propusieron la implementación de un sistema de intercambio prestacional entre el Ministerio de Salud, los establecimientos de salud gestionados por los Gobiernos Regionales, EsSalud y la Policía Nacional del Perú (PNP).
Este sistema -añadieron- permitirá optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención integral y oportuna a toda la población, independientemente de su afiliación o lugar de residencia. Facilitará el acceso a servicios especializados y complementarios, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la cobertura de atención en todo el país.
En el considerando seis, propusieron la implementación de un sistema de compra de medicamentos a nivel regional y macroregional, con el objetivo de agilizar el acceso a los mismos. Para ello, es necesario establecer una nueva normativa que permita a las regiones y macroregiones acceder de manera segura y oportuna a una amplia variedad de medicamentos, tanto nacionales como internacionales.
En el punto siete, manifestaron que fomentan activamente la construcción de nuevos hospitales de nivel 2 y 3 mediante asociaciones público-privadas (APP); y reconocieron que estas alianzas
estratégicas pueden ser una herramienta efectiva para mejorar la infraestructura, mantenimiento y operación de los centros hospitalarios mejorando la atención en salud en todo el país.
Exigen reglamento de la Ley de fortificación del arroz
De otro lado, en un pronunciamiento público, la ANGR exigió al Poder Ejecutivo que proceda de manera inmediata a la publicación del reglamento de la Ley N° 31348 de Fortificación de Arroz para toda la población del país a fin de reducir los niveles de anemia.
Esta acción garantizará que todas las personas tengan acceso a alimentos enriquecidos y nutritivos, contribuyendo así a mejorar la salud y el bienestar de la población peruana.
“Por ello, instamos a las autoridades competentes del Ejecutivo a dar las instrucciones necesarias al Ministerio de Economía y Finanzas para que emita una opinión favorable al reglamento, asegurando que todo el arroz consumido en el Perú sea fortificado”, expresaron.
Sostuvieron que la evidencia respalda que la universalización de la fortificación del arroz podría reducir la prevalencia de anemia en el Perú en 10 puntos porcentuales en una primera etapa, con un impacto progresivo y sostenido en la mitigación de este grave problema de salud pública.
No obstante, expresaron su preocupación, porque a pesar de la urgencia y la relevancia de esta medida, han transcurrido ya tres años y el reglamento de la ley aún no ha sido publicado por parte del Ejecutivo, por decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, a pesar de las sólidas evidencias presentadas por el Ministerio de Salud sobre los beneficios de la universalización de esta política.
“Esta dilación obstaculiza la implementación efectiva de la ley y pone en riesgo el bienestar de la población, especialmente de los niños que sufren de anemia y desnutrición, comprometiendo su futuro y limitando sus oportunidades de desarrollo”, reza parte del texto.
El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, fue el anfitrión de este evento organizado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales -ANGR para abordar temas como la anemia, atención primaria, vacunación, enfermedades infecciosas, suministros, recursos humanos y hospitalarios, e inversión de proyectos.
En el primer punto del pronunciamiento, la ANGR reconoce la crítica situación derivada de la escasez de agua potable y la inadecuada gestión de aguas residuales en diversas regiones, e instó al Poder Ejecutivo a coordinar con los gerentes de Vivienda y Construcción de todas las regiones del país para llevar a cabo una reunión técnica conjunta, en colaboración con el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
El propósito de esta reunión será diseñar un plan integral para cerrar las brechas en el acceso al agua potable y saneamiento, y priorizando la implementación de plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales en las zonas más afectadas.
En el segundo punto, invocaron la colaboración del Ministerio de Salud (Minsa), el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), EsSalud, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), así como las direcciones y gerencias regionales de Salud para contar con infraestructura y equipamiento adecuados en el primer nivel de atención.
“En ese sentido, es necesario se implemente un plan integral mediante una mesa técnica entre : Minsa, EsSalud, gobiernos regionales, y comisión de salud del Congreso de la República con la finalidad de establecer un ruta propositiva para el cierre de brechas en infraestructura de salud, como lo son los establecimientos de salud del primer nivel de atención”, precisaron.
En el tercer punto, propusieron establecer un sistema de operatividad y mantenimiento que
garantice el funcionamiento óptimo de los nuevos establecimientos de salud, así como contar con un equipo de profesionales altamente especializados, quienes deberán trabajar en conjunto para asegurar la operatividad constante de la infraestructura y equipamiento de los centros de
salud.
“Con este enfoque integral en la operatividad y mantenimiento de los establecimientos de salud, buscamos asegurar la calidad y continuidad de los servicios de salud ofrecidos, contribuyendo así a mejorar la salud y el bienestar de la población peruana en todas las regiones del país”, acotaron.
En el punto cuatro, hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para que procedan
con la formalización legal que permita la doble percepción salarial para el personal de salud. “Es fundamental considerar la grave brecha de recursos humanos en el sector. Esta medida, además de reconocer el arduo trabajo y sacrificio del personal de salud, contribuirá a fortalecer la capacidad de atención y respuesta frente a las necesidades de salud de la población”, anotaron.
En el quinto aspecto, propusieron la implementación de un sistema de intercambio prestacional entre el Ministerio de Salud, los establecimientos de salud gestionados por los Gobiernos Regionales, EsSalud y la Policía Nacional del Perú (PNP).
Este sistema -añadieron- permitirá optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención integral y oportuna a toda la población, independientemente de su afiliación o lugar de residencia. Facilitará el acceso a servicios especializados y complementarios, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la cobertura de atención en todo el país.
En el considerando seis, propusieron la implementación de un sistema de compra de medicamentos a nivel regional y macroregional, con el objetivo de agilizar el acceso a los mismos. Para ello, es necesario establecer una nueva normativa que permita a las regiones y macroregiones acceder de manera segura y oportuna a una amplia variedad de medicamentos, tanto nacionales como internacionales.
En el punto siete, manifestaron que fomentan activamente la construcción de nuevos hospitales de nivel 2 y 3 mediante asociaciones público-privadas (APP); y reconocieron que estas alianzas
estratégicas pueden ser una herramienta efectiva para mejorar la infraestructura, mantenimiento y operación de los centros hospitalarios mejorando la atención en salud en todo el país.
Exigen reglamento de la Ley de fortificación del arroz
De otro lado, en un pronunciamiento público, la ANGR exigió al Poder Ejecutivo que proceda de manera inmediata a la publicación del reglamento de la Ley N° 31348 de Fortificación de Arroz para toda la población del país a fin de reducir los niveles de anemia.
Esta acción garantizará que todas las personas tengan acceso a alimentos enriquecidos y nutritivos, contribuyendo así a mejorar la salud y el bienestar de la población peruana.
“Por ello, instamos a las autoridades competentes del Ejecutivo a dar las instrucciones necesarias al Ministerio de Economía y Finanzas para que emita una opinión favorable al reglamento, asegurando que todo el arroz consumido en el Perú sea fortificado”, expresaron.
Sostuvieron que la evidencia respalda que la universalización de la fortificación del arroz podría reducir la prevalencia de anemia en el Perú en 10 puntos porcentuales en una primera etapa, con un impacto progresivo y sostenido en la mitigación de este grave problema de salud pública.
No obstante, expresaron su preocupación, porque a pesar de la urgencia y la relevancia de esta medida, han transcurrido ya tres años y el reglamento de la ley aún no ha sido publicado por parte del Ejecutivo, por decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, a pesar de las sólidas evidencias presentadas por el Ministerio de Salud sobre los beneficios de la universalización de esta política.
“Esta dilación obstaculiza la implementación efectiva de la ley y pone en riesgo el bienestar de la población, especialmente de los niños que sufren de anemia y desnutrición, comprometiendo su futuro y limitando sus oportunidades de desarrollo”, reza parte del texto.