Población tendrá acceso universal a servicios de calidad en saneamiento y ambiente
Nota de prensa
1 de mayo de 2020 - 8:55 p. m.
La población de La Libertad, será beneficiada con la prestación de servicios de calidad en saneamiento, a través de proyectos, programas y acciones que promuevan y garanticen el aprovechamiento eficiente y la conservación de las fuentes naturales de agua superficial y subterránea, en concordancia con las normas ambientales.
Así lo establece el Decreto Supremo Nº 005-2020-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, que establece medidas orientadas a la gestión eficiente de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), con énfasis en su constitución, funcionamiento, desempeño, regulación y control.
Éstas podrán incorporar en sus sistemas de producción y/o distribución, volúmenes de agua disponibles a través del uso de infraestructura de titulares de derechos de uso de agua superficial, subterránea, desalinizada y el reúso de agua residual tratada de ser el caso, realizando el tratamiento de servicio de agua residual a través de proveedores, con fines de vertimiento y/o reúso, para el cierre de brechas.
Rol del Estado y competencias
Los artículos 4 y 5, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 1280, señalan que los gobiernos regionales y los gobiernos locales, sus autoridades y representantes, de acuerdo a la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, su reglamento y las normas sectoriales, son responsables de asegurar la prestación eficiente de los servicios de saneamiento usando los medios institucionales, económicos y financieros que lo garanticen.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es el Ente rector en materia de saneamiento, y como tal le corresponde planificar, diseñar, normar y ejecutar las políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito de competencia, que son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno, en el marco del proceso de descentralización, y en todo el territorio nacional.