Cusco entre las primeras regiones con mayor avance en implementación del modelo de integridad
Nota de PrensaJunto a Piura, Cajamarca, Lambayeque y Huánuco obtuvieron un puntaje por encima del promedio regional en primera etapa de evaluación
20 de setiembre de 2022 - 9:00 a. m.
La Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) presentó los resultados de la medición de la implementación del Modelo de Integridad en los gobiernos regionales. La región Cusco (67%), junto a Piura (83%), Cajamarca (56%), Lambayeque (55%) y Huánuco (54%) obtuvieron un puntaje por encima del promedio regional en la primera etapa de evaluación.
De acuerdo con dicha valoración, se registra un avance promedio de 25%, así como progresos que oscilaron entre el 54% y el 83% en los cinco gobiernos regionales que más avanzaron en su desarrollo de cara a esta primera etapa de evaluación.
El evento de presentación contó con las palabras iniciales del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, los comentarios del presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Jean Paul Benavente García y la directora del Proyecto TPI/USAID, Paola Barragán, quienes intervinieron luego de la presentación de los resultados a cargo de los funcionarios de la Secretaría de Integridad Pública.
El presidente de la ANGR y gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente, destacó la necesidad de asegurar la transferencia de este trabajo y cerrar las brechas advertidas de cara a las nuevas gestiones que se instalarán a partir del próximo año.
Por su parte, el premier Torres enfatizó en que no es posible enfrentar el grave flagelo de la corrupción de manera desarticulada y sin un programa de trabajo común. En ese sentido, señaló que la implementación del Modelo de Integridad “no solo nos permite fortalecer la capacidad de prevención de nuestras entidades frente a la corrupción, sino también trabajar de manera conjunta para elevar los estándares de la actuación pública con el objetivo de crear valor público y servir mejor a los ciudadanos”.
Se trata de la primera evaluación en al ámbito regional con participación de 20 gobiernos regionales, los cuales fueron evaluados en aspectos como la gestión de riesgos, la transparencia, la gestión de denuncias, la comunicación y capacitación al personal, entre otros, para prevenir o intervenir frente a prácticas antiéticas y corruptas.
De acuerdo con dicha valoración, se registra un avance promedio de 25%, así como progresos que oscilaron entre el 54% y el 83% en los cinco gobiernos regionales que más avanzaron en su desarrollo de cara a esta primera etapa de evaluación.
El evento de presentación contó con las palabras iniciales del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, los comentarios del presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Jean Paul Benavente García y la directora del Proyecto TPI/USAID, Paola Barragán, quienes intervinieron luego de la presentación de los resultados a cargo de los funcionarios de la Secretaría de Integridad Pública.
El presidente de la ANGR y gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente, destacó la necesidad de asegurar la transferencia de este trabajo y cerrar las brechas advertidas de cara a las nuevas gestiones que se instalarán a partir del próximo año.
Por su parte, el premier Torres enfatizó en que no es posible enfrentar el grave flagelo de la corrupción de manera desarticulada y sin un programa de trabajo común. En ese sentido, señaló que la implementación del Modelo de Integridad “no solo nos permite fortalecer la capacidad de prevención de nuestras entidades frente a la corrupción, sino también trabajar de manera conjunta para elevar los estándares de la actuación pública con el objetivo de crear valor público y servir mejor a los ciudadanos”.
Se trata de la primera evaluación en al ámbito regional con participación de 20 gobiernos regionales, los cuales fueron evaluados en aspectos como la gestión de riesgos, la transparencia, la gestión de denuncias, la comunicación y capacitación al personal, entre otros, para prevenir o intervenir frente a prácticas antiéticas y corruptas.