Transparencia e integridad: Gobierno Regional sí cumplió protocolos sanitarios en atención de la pandemia
Nota de prensaPoder Judicial declara infundada demanda que pretendía destitución del gobernador Jean Paul Benavente
25 de febrero de 2022 - 10:09 a. m.
Un Poder Judicial independiente implica la ausencia de presiones o influencias externas y a la hora de juzgar emiten sentencias aplicando correctamente la ley. Así, se demostró que el Gobierno Regional del Cusco cumplió todos los protocolos sanitarios en la atención de la pandemia ocasionada por el COVID-19 durante la primera ola.
La demanda de acción constitucional interpuesta por el Centro de Capacitación e Investigación en Seguridad Ciudadana (CCISEC SAC) representado por Samuel René Timpo Escobedo, aducía que la actual gestión regional liderada por el gobernador Jean Paul Benavente García, no implementó debidamente el “Protocolo de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas con el COVID-19”, conforme al artículo 22 del Código Procesal Constitucional vulnerando el derecho a la salud de la población.
La Procuraduría Publica Regional demostró que, en el caso cusqueño, se cumplieron todos los protocolos sanitarios en la atención y lucha a favor de la ciudadanía.
De igual manera, se probó no solo el acatamiento del instrumento técnico de atención sanitaria sino la implementación de un trabajo frontal, así como los esfuerzos sobrehumanos en la lucha contra el COVID-19 en la región cusqueña.
De esta manera, la posición legal y/o jurídica de la Procuraduría Pública frente a demandas planteadas por personas que están en contra del desarrollo de la región, fortalece la ejecución de proyectos y la continuidad de la lucha contra la pandemia.
Cabe indicar, que dicha acusación pretendía, en el fondo, la destitución del gobernador cusqueño tal como ocurrió con su homólogo de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, quien fue depuesto en el cargo por la Corte Superior de Justicia de esa región por no implementar debidamente dicho protocolo.
La demanda de acción constitucional interpuesta por el Centro de Capacitación e Investigación en Seguridad Ciudadana (CCISEC SAC) representado por Samuel René Timpo Escobedo, aducía que la actual gestión regional liderada por el gobernador Jean Paul Benavente García, no implementó debidamente el “Protocolo de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas con el COVID-19”, conforme al artículo 22 del Código Procesal Constitucional vulnerando el derecho a la salud de la población.
La Procuraduría Publica Regional demostró que, en el caso cusqueño, se cumplieron todos los protocolos sanitarios en la atención y lucha a favor de la ciudadanía.
De igual manera, se probó no solo el acatamiento del instrumento técnico de atención sanitaria sino la implementación de un trabajo frontal, así como los esfuerzos sobrehumanos en la lucha contra el COVID-19 en la región cusqueña.
De esta manera, la posición legal y/o jurídica de la Procuraduría Pública frente a demandas planteadas por personas que están en contra del desarrollo de la región, fortalece la ejecución de proyectos y la continuidad de la lucha contra la pandemia.
Cabe indicar, que dicha acusación pretendía, en el fondo, la destitución del gobernador cusqueño tal como ocurrió con su homólogo de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, quien fue depuesto en el cargo por la Corte Superior de Justicia de esa región por no implementar debidamente dicho protocolo.