En estado de emergencia a 70 distritos de Arequipa por peligro inminente ante déficit hídrico

Mediante Decreto Supremo Nro. 122-2023-PCM, el Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia a 70 distritos de la Región Arequipa, por peligro inminente ante déficit hídrico como consecuencia del posible Fenómeno de El Niño 2023-2024, por el plazo de 60 días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción de Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Los Distritos considerados en la referida norma son: Alto Selva Alegre, Cercado, Cayma, Cerro Colorado, Characato, Chiguata, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, La Joya, Mariano Melgar, Miraflores, Mollebaya, Paucarpata, Pocsi, Polobaya, Quequeña, Sabandía, Sachaca, San Juan de Siguas, San Juan de Tarucani, Santa Isabel de Siguas, Santa Rita de Siguas, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Vítor, Yanahuara, Yarabamba y Yura (Provincia de Arequipa).

Igualmente están los distritos de José María Quimper, Mariano Nicolás Valcárcel, Mariscal Cáceres, Nicolás de Piérola, Ocoña, Quilca y Samuel Pastor en la provincia de Camaná: Atico, Cahuacho, Caravelí, Cháparra, Quicacha en la provincia de Caravelí, Aplao, Ayo, Huancarqui, Machaguay, Tipan, Uraca y Viraco en la provincia de Castilla.

Achoma y Majes en la provincia de Caylloma; Chichas, Iray, Río Grande y Yanaquihua en la provincia de Condesuyos; Cocachacra, Deán Valdivia, Mejía, Mollendo y Punta de Bombón en la provincia de Islay; Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Quechualla, Sayla, TaurÍa y Tomepampa en la provincia de La Unión.

Durante los 60 días, el Gobierno Regional de Arequipa y los gobiernos locales comprendidos, coordinarán técnicamente con los diferentes ministerios además del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y demás instituciones públicas y privadas involucradas, para ejecutar las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que sean necesarias.

Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

La implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, es decir, el gobierno central tampoco asignará dinero para atender las posibles emergencias.

La norma lleva la firma de la presidenta de la República, Dina Boluarte y es refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Otárola; y otros ministros de Estado.