PRONIED toma acciones para reiniciar obras en IE José Andrés Rázuri de La Libertad

Nota de prensa
El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) resolvió el contrato de obra ante el incumplimiento por parte del consorcio constructor.

17 de enero de 2016 - 1:27 p. m.

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), del Ministerio de Educación, anunció que ha tomado acciones legales y técnicas para reiniciar las obras en la Institución Educativa (IE) Emblemática José Andrés Rázuri, ubicada en la región La Libertad.

El consorcio a cargo de la ejecución de las obras tuvo como plazo culminarlas en setiembre del 2015, y luego se le amplió hasta el mes de diciembre, pero al presentar reiterados incumplimientos, el PRONIED le resolvió el contrato el pasado 8 de enero.

Esta acción legal se hizo de acuerdo a lo que estipula la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, a fin de cautelar el uso de los recursos públicos destinados para mejorar la infraestructura educativa.

La obra ha quedado con un avance de 77% y para retomarla el PRONIED ha desplegado acciones técnicas de forma inmediata.

Así, el equipo de especialistas de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del PRONIED ha visitado dicho colegio entre los días 12 y 15 de enero, para realizar la constatación física e inventario de obra.

La información técnica recopilada servirá como insumo para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra, además de establecer el valor referencial que implicará la culminación de la mejora de la infraestructura del colegio.

Una vez que se tenga listo el expediente técnico, se procederá a la convocatoria de la licitación pública que determinará al ganador que se hará cargo de culminar el saldo de obra.

Mientras dure este proceso, el equipo del PRONIED sostendrá reuniones permanentes con la comunidad educativa del colegio José Andrés Rázuri, para mantenerlos informados de las pasos para lograr la construcción del colegio.

El PRONIED resaltó que en todos los procedimientos viene actuando de acuerdo a ley, y recuerda que el uso de los recursos públicos para reducir la brecha de infraestructura educativa está bajo el escrutinio de la Contraloría General de la República.