Puno recibió S/ 253 millones para renovar 281 colegios entre 2011 y 2015

Nota de prensa
La inversión ha beneficiado a más de doce mil alumnas y alumnos, informó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), del Ministerio de Educación.

Fotos: Oficina de Comunicaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa.

25 de enero de 2016 - 11:50 a. m.

En el periodo 2011-2015, la región Puno recibió S/ 253 millones para ejecutar obras en 281 instituciones educativas, en beneficio de más de doce mil alumnas y alumnos, informó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), del Ministerio de Educación.

Del monto total, S/ 167 millones fueron transferidos de forma directa al Gobierno Regional de Puno (S/ 78 millones 131 mil) y 32 municipios de dicha región (S/ 88 millones 952 mil), con el objetivo de que las autoridades efectúen obras de mejoramiento y ampliación de la infraestructura de 278 colegios.

En el paquete de 278 escuelas, en 184 ya se culminaron las obras, mientras que están en ejecución los trabajos en 94 colegios. Estas obras se enmarcan en la política de descentralización de la inversión pública en infraestructura educativa.

Del mismo modo, el Ministerio de Educación ha invertido S/ 86 millones 811 mil de forma directa en la mejora y ampliación de la infraestructura de 3 colegios emblemáticos de Puno desde el 2011.

En la actualidad, en la provincia de Puno se encuentra en ejecución la segunda etapa de la construcción de las instituciones educativas Glorioso San Carlos y María Auxiliadora. Mientras tanto, en el colegio Nuestra Señora del Carmen se implementará una subestación eléctrica para el normal funcionamiento de las instalaciones.

Monitoreo

El PRONIED ha realizado el acompañamiento técnico, monitoreo y seguimiento durante todo el proceso de ejecución de obras a cargo de los gobiernos subnacionales, a fin de asegurar la óptima gestión de los recursos transferidos.

Asimismo, se recuerda que todos los procedimientos para la transferencia de recursos se encuentran bajo el escrutinio de la Contraloría General de la República, garantizándose la administración de los recursos públicos destinados al cierre de la brecha de la infraestructura educativa pública en el país.