PRONIED transfiere S/ 2.5 millones para obras en 3 colegios de Junín

Nota de Prensa

Fotos: Oficina de Comunicaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa

22 de junio de 2016 - 11:20 a. m.

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), del Ministerio de Educación, transfirió 2 millones 514 mil 314 soles a las municipalidades distritales de Chilca (Huancayo), Mazamari (Satipo) y Pichanaqui (Chanchamayo) con la finalidad de continuar la ejecución de obras en 3 instituciones educativas, en beneficio de más de 800 estudiantes.

La transferencia ha sido autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante el Decreto Supremo 144-2016-EF, emitido el 26 de mayo del presente año, en el cual se precisa que los recursos no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

Distribución

La Municipalidad Distrital Chilca recibió 1 millón 89 mil 91 soles para la ampliación y mejoramiento de los servicios educativos del colegio Fe y Alegría N.º 66 Buen Socorro, ubicado en el anexo de Azapampa.

Por su parte, a la Municipalidad Distrital de Mazamari se transfirió 719 mil 539 soles para continuar los trabajos en la institución educativa integrada Gloriabamba, de la comunidad nativa del mismo nombre.

Así también, la Municipalidad Distrital de Pichanaqui recibió la transferencia de 705 mil 684 soles con el objetivo de mejorar el servicio educativo en los niveles primaria y secundaria del colegio ubicado en el centro poblado Nueva Esperanza.

Seguimiento

Es importante resaltar que el PRONIED realiza el acompañamiento técnico, monitoreo y seguimiento de la ejecución del monto de inversión a cargo de los municipios mencionados, los mismos que deberán informar sobre los avances físicos y financieros del proyecto.

Asimismo, el PRONIED podrá intervenir y solicitar la atención inmediata de cualquier retraso o paralización de la obra. En caso de no resolverse el inconveniente, el PRONIED podrá comunicar al Órgano de Control Institucional (OCI) del municipio o a la Contraloría General de la República, a fin de efectuar las acciones pertinentes, cautelando el correcto uso de los recursos públicos.