Huánuco recibió S/ 508 millones para renovar 198 colegios entre el 2011 y 2015
Nota de prensa
Fotos: Oficina de Comunicaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa.
1 de febrero de 2016 - 10:57 a. m.
Entre los años 2011 y 2015, la región Huánuco ha recibido S/ 508 millones para ejecutar obras en 198 instituciones educativas, en beneficio de más de 25 mil alumnas y alumnos, informó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), del Ministerio de Educación.
De dicho monto, S/ 430 millones 843 mil fueron transferidos al Gobierno Regional de Huánuco (S/ 98 millones 984 mil) y a 55 municipios locales (S/ 331 millones 858 mil), con el objetivo de que las autoridades efectúen obras de mejoramiento y ampliación de la infraestructura de 193 colegios.
Las obras se han culminado en 135 instituciones educativas, mientras que en 58 aún se encuentran en ejecución. Las transferencias se enmarcan en la política de descentralización de la inversión pública en infraestructura educativa.
Ejecución directa
El Ministerio de Educación ha invertido de forma directa S/ 77 millones 609 mil, desde el 2011, en la mejora y ampliación de la infraestructura de cinco colegios de Huánuco.
A la fecha, se han culminado las obras en las instituciones educativas Juan José Crespo y Castillo, en el distrito y provincia de Ambo, y Leoncio Prado, con la restauración y puesta en valor, en el distrito y provincia de Huánuco.
Asimismo, se encuentran en ejecución los trabajos en cuatro colegios: Gómez Arias Dávila (Rupa Rupa-Leoncio Prado), Nuestra Señora de las Mercedes (Huánuco-Huánuco), Aurelio Cárdenas Pachas (La Unión-Dos de Mayo) y Leoncio Prado (Huánuco-Huánuco), con la instalación de dos ascensores.
Monitoreo
Durante todo el proceso de construcción, el PRONIED ha realizado el acompañamiento técnico, monitoreo y seguimiento de las obras a cargo de los gobiernos subnacionales, a fin de asegurar la óptima gestión de los recursos transferidos.
El PRONIED recuerda que todos los procedimientos para la transferencia de recursos se encuentran bajo el escrutinio de la Contraloría General de la República, garantizándose la administración de los recursos públicos destinados al cierre de la brecha de la infraestructura educativa pública en el país.