Pronied renueva certificación de su Sistema de Gestión Antisoborno bajo el estándar internacional ISO 37001
Nota de prensaNuestra institución cumplió satisfactoriamente con los requisitos de la norma ISO 37001:2016.
27 de enero de 2026 - 6:36 p. m.
Por sexto año consecutivo, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Ministerio de Educación (Minedu), mantiene la certificación de su Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), bajo la norma internacional ISO 37001:2016, otorgada por Certificaciones del Perú S. A. (Cerper).
El director ejecutivo del Pronied, Felipe Noblecilla Pascual, recibió la certificación de manos del gerente general de Cerper, Sr. Miguel Caillaux Campbell, quien felicitó a todos los trabajadores de nuestra institución por el cumplimiento de los requisitos y los altos estándares de esta norma.
La certificación, vigente hasta el 16 de enero de 2029, respalda la solidez y madurez del SGAS, orientado a prevenir prácticas de soborno y reforzar la transparencia en la ejecución de obras de infraestructura educativa pública, un sector que moviliza importantes montos del presupuesto público.
El alcance del SGAS comprende procesos críticos para gestionar la ejecución de las obras vinculadas a las intervenciones públicas de infraestructura educativa en cuanto al requerimiento para la ejecución de una obra y al requerimiento para la supervisión de obra; al pago de sus respectivas valorizaciones; a las prestaciones adicionales de obra y ampliaciones de plazo de ejecución de obra, cuyas actividades son desarrolladas en la sede central del Pronied.
Como parte de su estrategia de integridad institucional, el Pronied mantiene canales formales de denuncia de presuntos actos de soborno, que incluyen su Mesa de Partes Institucional (virtual y presencial), el correo electrónico denuncias@pronied.gob.pe y la Plataforma Virtual única de Denuncias del Ciudadano denuncias.servicios.gob.pe, con garantías de protección para denunciantes de buena fe.
Con esta recertificación, el Pronied busca fortalecer la confianza pública y mejorar la gestión transparente de obras educativas, un componente clave para la eficiencia del gasto público y la reducción de riesgos de soborno.