Entregan lote de computadoras, mobiliario y equipo de recreación a Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Miguel Grau de Piura

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, y el Director ejecutivo Edwar Rebaza Iparraguirre, supervisaron hoy el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Miguel Grau de Piura, con el fin de verificar las medidas de reeducación y resocialización que impulsa el sector.

En el centro juvenil se entregaron 46 computadoras y un lote de mesas, sillas y armarios, además de equipos de recreación, que contribuirán a mejorar la educación y reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley penal. En esta visita también se supervisaron las mejoras en la infraestructura de seguridad y en los servicios higiénicos.

El Ministro Félix Chero manifestó que los jóvenes se encuentran en dicho centro porque han quebrantado el orden social, pero eso no significa que tengan que ser tratados con excesos. Sin embargo, puntualizó, deben someterse a las reglas y disciplina interna y respetar los derechos del personal docente, técnico y autoridades del establecimiento.

Sostuvo que mientras haya orden y disciplina, los adolescentes que cumplen medidas de internamiento tendrán el trato que merecen, pero si hay indisciplina, serán pasibles de sanciones. Recordó que con su visita de hoy cumple con lo anunciado hace unas semanas, cuando dijo que volvería si hay orden y mejores condiciones educativas, de vida y de trato. “He venido a constatar eso”, afirmó.

Informó, asimismo, que ha encargado al director del centro juvenil de Piura que organice a los padres de los adolescentes, converse con ellos y les informe sobre la evolución de sus hijos.

Por su parte el Director ejecutivo del PRONACEJ, Edwar Rebaza realizó la presentación del nuevo Director del Centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Piura el Hugo Niño Carmona, señalando que durante su gestión se ha establecido la política de puertas abiertas y trabajo en equipo, asimismo señaló que realizará visitas constantes a cada centro juvenil para constatar las condiciones en las que laboran los trabajadores y el desarrollo del Programa de educación y resocialización de los adolescentes en conflicto con la ley penal.