Ministro Maurate instala Grupo de Trabajo Sectorial para la reestructuración del INPE

El ministro de Justicia y derechos Humanos, Daniel Maurate Romero, encabezó esta tarde el acto de instalación del Grupo de Trabajo Sectorial para la elaboración de propuestas que coadyuven a la reestructuración y fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario – INPE.

 

Este Grupo de Trabajo, creado por iniciativa del MINJUSDH, en su condición de ente rector en materia penitenciaria, mediante Resolución Ministerial N°0230-2023- JUS, propondrá medidas de lucha contra la corrupción en el INPE, así como acciones de reestructuración y fortalecimiento de su gestión técnica administrativa, para mejorar su funcionamiento y operatividad.

 

Durante la instalación, el ministro destacó que hoy es un día histórico que puede marcar un antes y un después en el sistema penitenciario, y señaló que el Grupo de Trabajo tiene todo su apoyo y, además, el respaldo político del gobierno.

 

Resaltó las cualidades profesionales y la experiencia de los integrantes del grupo, y planteó algunas sugerencias para el trabajo que desarrollarán a partir de hoy, por ejemplo, en materia de regulación administrativa, el uso de grilletes electrónicos, aspectos de mejora integral de la gestión penitenciaria, entre otros.

 

Asimismo, consideró necesario evaluar la situación de los penales cuya construcción se encuentra trabada, estudiar los modelos de otros países, y evaluar herramientas como Obras por Impuestos.

 

El Grupo de Trabajo está integrado por el viceministro de Justicia, quien lo preside; y por el representante del Despacho Ministerial, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, la directora de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, el director de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, y la directora de la Dirección de Política Criminológica.

 

También, por la jefa de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción, el secretario Técnico de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, el representante de la Defensoría del Pueblo y por el representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).