Seis barras de oro, valorizadas en 10 millones de soles, pasaron a favor del Estado

La Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio en un trabajo conjunto con la Quinta fiscalía provincial de Extinción de Dominio de Lima lograron que el Juzgado Transitorio Especializado de la Corte Superior de Justicia del Callao, resuelva extinguir todos los derechos de propiedad que ostentaba la empresa Navarro Tonaq E.I.R.L y Andimetal S.A.C., respecto a tres (03) barras de oro, con un peso de 25.33 kg, que pretendían ser exportadas a Emiratos Árabes.

 

Mediante Sentencia de Extinción de Dominio, de fecha 18 de marzo de 2024, el Juzgado Transitorio Especializado ordenó que las barras de oro pasen a titularidad del Estado representado por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), por tener vinculación con actividades ilícitas relacionadas a la minería ilegal y lavado de activos.

 

El valor FOB (costo de los bienes en el punto de embarque o carga) de las barras de oro asciende a US$ 1’195,897.73 dólares americanos, acreditándose en el desarrollo del proceso de extinción de dominio que la empresa requerida no pudo justificar el origen lícito del mineral aurífero que se pretendía exportar.

 

A ello se suman otras dos (02) sentencias fundadas obtenidas en los meses de enero y febrero del presente año, emitidas por el Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia del Callao, en las cuales se resolvió extinguir a favor del Estado un total de tres (03) barras de oro (24.72 kg), cuyo valor FOB ascienden a US$ 1’459,884.71 dólares americanos.

 

Las tres sentencias fundadas emitidas en lo que va del primer trimestre del año 2024, ha permitido la titularidad del Estado sobre bienes ilícitos consistente en 6 barras de oro, con un peso de 50.05 kg, valorizados aproximadamente en diez millones de soles.

 

Estos logros obtenidos refuerzan nuestra posición emitida en relación a que la extinción de dominio constituye una herramienta eficaz de política criminal en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada, y reafirma nuestro compromiso de seguir participando de manera activa en los procesos que son de nuestra competencia, a fin de lograr que la mayor cantidad de patrimonio ilícito pase a titularidad del Estado.