COMUNICADO | Sistema de Extinción de Dominio en peligro por inminente aprobación de ley del Congreso de la República

 

El diseño actual del proceso de extinción de dominio (regulado por el Decreto Legislativo N°1373 y su Reglamento aprobado por DS N°007-2019-JUS) viene teniendo resultados favorables para los derechos e intereses del Estado, así como viene generando un impacto directo en el patrimonio ilícito de las organizaciones criminales, constituyéndose así en un instrumento fundamental para la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos, entre otros.

 

Durante los primeros cuatro años de vigencia de la Ley de Extinción de Dominio [junio 2019 a marzo 2023] se han dictado un total de 616 sentencias judiciales fundadas obteniéndose un total de USD$ 60,011,817.20 millones de dólares americanos en patrimonio ilícito que se ha recuperado a favor del Estado, demostrándose así la efectividad del diseño actual del proceso de extinción de dominio.

 

Sin embargo, a pesar de los comprobados buenos resultados que se vienen obteniendo, el Congreso de la República agendó en su sesión plenaria de hoy, el debate del Proyecto de Ley N°3577/2022-CR, a través del cual se realizan diversas modificaciones negativas al diseño actual, poniendo en grave peligro la eficacia y eficiencia del propio sistema de extinción de dominio, así como de los derechos e intereses del Estado, conforme lo explicamos detalladamente en el Informe N°04-2023-JUS/PGE-PPEED del 18 de marzo del 2023 que fue remitido oportunamente al entonces presidente del Congreso de la República.

 

En tal sentido, el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, en estricto cumplimiento del mandato constitucional recogido en el artículo 47° de la Constitución, respetuosamente exhorta al Congreso de la Republica a no aprobar el Proyecto de Ley N°3577/2022-CR, que como se ha dicho anteriormente, constituiría un grave retroceso en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos, entre otros delitos de alta peligrosidad, donde el sistema de extinción de dominio viene cumpliendo un importante rol disuasivo al atacar directamente el patrimonio ilícito.

Lima, 20 de setiembre de 2023