Lambayeque: se establecen compromisos para fortalecer la defensa jurídica a nivel nacional

La Procuraduría General del Estado (PGE) organizó el “II Encuentro regional de Procuradores/as Públicos/as y Abogados/as de procuradurías 2023: Chiclayo”, realizado en la región de Lambayeque los días 15 y 16 de agosto.

Esta actividad permitió establecer la unificación de criterios para fortalecer la defensa jurídica del Estado a nivel nacional, y así lograr una mayor eficiencia del sistema que implique el perfeccionamiento y la actualización de capacidades y competencias.

“Han sido dos días bastante fructíferos y es importante seguir esforzándonos por reunirnos presencialmente”, señaló el Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, quien también indicó que es un aliciente para todos y todas participar en este tipo de eventos y recibir una certificación por el conocimiento asimilado.

Se realizaron un total de siete exposiciones que abordaron diversas materias indispensables para la actuación de la PGE, así como los alcances y retos en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado.

Integridad, procesos laborales y pericias
La jornada del primer día contó con la exposición del filósofo Carlo Mario Velarde Bazán, quien destacó la importancia de la integridad personal y pública, que trasciende el ámbito meramente jurídico y debe estar integrada a la misión institucional de la PGE. A su turno, el especialista en Derecho Constitucional Pablo Córdova Medina resaltó la función del amparo como garantía de la tutela efectiva contra resoluciones judiciales que afecten derechos fundamentales.

Ángelo Avelino, abogado de la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal (DAJP) de la PGE, proporcionó una clarificación conceptual sobre la reposición y reincorporación laboral, además del proceso de amparo, que permite una mejor comprensión para el abordaje de esta temática por parte de las procuradurías y de abogados/as que ejercen la defensa jurídica del Estado.

En materia de valoración y pericias estuvo presente la directora Zenaida Calderón, quien expuso acerca de las funciones de la Dirección de Valoración de Pericias (DVP) en cuanto a elaboración y revisión de informes periciales, así como sobre la asesoría técnica multidisciplinaria que la dirección a su cargo brinda en la materia para el ejercicio adecuado de la defensa jurídica del Estado en todo el territorio nacional. Estos informes y asesorías son fundamentales para asegurar el ejercicio adecuado de la defensa jurídica del Estado, permitiendo una evaluación precisa del daño causado y la adopción de medidas pertinentes.

Por su parte Olga Rodríguez (DVP) trabajó el tema de liquidación de intereses legales, incidiendo en ejemplos prácticos sobre situaciones complejas que requieren abordarse y resolverse con precisión. Punto clave fue el aplicativo "INTERLEG", herramienta diseñada para calcular los intereses legales y financieros de manera rápida y precisa.

En el segundo día del encuentro, la especialista Paula Navarro, abogada de la DAJP de la PGE, presentó diversas recomendaciones para una eficiente y efectiva defensa jurídica en procesos arbitrales, identificando las deficiencias en la regulación y control de los centros arbitrales y los principales desafíos a partir del marco legal vigente y de experiencias prácticas. A su turno, María Fernanda Rivero presentó algunas recomendaciones para la elaboración de escritos y audiencias arbitrales en la defensa del Estado.

Garantías y derechos del agraviado: marco constitucional y aplicación en el Código Procesal Penal
La Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado en casos seguidos contra Altos Funcionarios (UFDJEAF) de la PGE participó activamente en el panel: “Evolución de los derechos del agraviado a partir de una interpretación pro actione del Nuevo Código Procesal Penal, la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos - CADH”.

Así, el coordinador de la UFDJEAF, Omar Rojas Silva, explicó la importancia de la tutela de derechos y la posibilidad del agraviado de acudir a la misma, a la luz de la protección constitucional y supranacional. En tanto la abogada Lilia del Río Farro y el abogado Andrey Gálvez Ricse profundizaron respecto a los derechos del agraviado y la evolución jurisprudencial de los mismos en el marco del Código Procesal Penal.

Cabe finalmente destacar que, con el propósito de complementar lo aprendido con un enfoque práctico, se realizó un panel con temas especializados en materia de derechos de agraviados, y dos mesas de trabajo que permitieron la discusión de casos prácticos y actuales sobre este tema, así como en materia de arbitraje, todo lo cual contribuyó a reforzar el intercambio de experiencias y absolver las dudas de los abogados/as y procuradores/as participantes.