Cinco barras de oro valorizadas en cinco millones de soles pasan a poder del Estado peruano
Nota de prensaProcuraduría de Extinción de Dominio logra que la Corte Superior de Justicia de Lima y del Callao retengan oro que iba a ser exportado a Emiratos Árabes Unidos e India.
Fotos: Procuraduría General del Estado
4 de agosto de 2023 - 12:10 p. m.
Tras seis meses de creación, la Procuraduría de Extinción de Dominio ha logrado dos nuevas sentencias a favor del Estado peruano. En esta ocasión, los Juzgados Transitorios Especializados en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Lima y del Callao extinguieron el dominio y todos los derechos de propiedad que ostentaban las empresas A.L. Copacabana EIRL e Inversiones Inka Dorada EIRL sobre un total de cinco barras de oro de más de treinta y nueve kilos que pretendían ser enviadas a Emiratos Árabes Unidos y a la India.
Los juzgados tomaron esta decisión ya que se determinó que las empresas tenían vínculos con actividades ilícitas relacionadas a la minería ilegal y lavado de activos. Por ello ordenaron que las barras de oro pasen a titularidad del Estado, representado por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
El valor FOB de las cinco barras de oro asciende a 1’502,047.13 dólares, acreditándose en el desarrollo de los procesos de extinción de dominio, en los que participaron también la Primera y la Quinta Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima, que las empresas referidas no pudieron justificar el origen lícito de las cinco barras de oro que pretendían exportar.
“Esta decisión judicial refuerza nuestra posición emitida en relación a que la extinción de dominio constituye una herramienta eficaz de política criminal en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada, dado que permite de manera rápida y con el debido proceso que el patrimonio ilícito se traslade la titularidad del Estado. Además, reafirma nuestro compromiso de seguir participando de manera activa en la defensa jurídica del Estado en los procesos de extinción de dominio que son de nuestra competencia”, señaló la procuradora pública especializada en Extinción de Dominio, Liliana Elizabeth Meza Quito.
La Procuraduría General del Estado viene apoyando decididamente a la implementación de la Procuraduría de Extinción de Dominio con el fin de reforzar la lucha contra la corrupción y la recuperación a favor del Estado peruano de bienes obtenidos de manera ilícita.
La primera vez
El pasado 13 de enero, el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Especializada en delito de Lavado de Activos consiguieron que cuatro barras de oro, con un valor de 1’588,079 dólares americanos, no salgan del país rumbo a los Emiratos Árabes Unidos, sino que, por el contrario, dado el origen ilegal de dicha mercancía, pasen a propiedad del Estado peruano.
El pasado 13 de enero, el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Especializada en delito de Lavado de Activos consiguieron que cuatro barras de oro, con un valor de 1’588,079 dólares americanos, no salgan del país rumbo a los Emiratos Árabes Unidos, sino que, por el contrario, dado el origen ilegal de dicha mercancía, pasen a propiedad del Estado peruano.
En aquella ocasión, el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio del Callao eliminó todo derecho sobre las barras de oro que poseía la Empresa Minera Aurífera Buena Vista SAC. Ello debido a que los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría eran sólidos respecto a su proveniencia asociada a los delitos de minería ilegal y lavado de activos.
Como se sabe, la minería ilegal es un flagelo difícil de enfrentar porque se constituye como un foco de atracción para delitos que deterioran el ecosistema, contaminan las aguas, atraen la trata de personas, el contrabando y otras transgresiones contra las cuales el Estado está llamado a luchar frontalmente.
Como se sabe, la minería ilegal es un flagelo difícil de enfrentar porque se constituye como un foco de atracción para delitos que deterioran el ecosistema, contaminan las aguas, atraen la trata de personas, el contrabando y otras transgresiones contra las cuales el Estado está llamado a luchar frontalmente.