Procuraduría pide US$ 1,300 millones de reparación civil a favor del Estado
Nota de prensaProcuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato solicitó constituirse como actor civil en el proceso penal del caso Gasoducto Sur Peruano.
3 de abril de 2023 - 7:14 p. m.
El Poder Judicial declaró fundado el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato, mediante el cual solicitó constituirse como actor civil en el proceso penal donde se investigan las irregularidades en el otorgamiento de la concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano.
En dicho pedido, que fue aprobado el pasado 28 de marzo por el juez Leodan Cristóbal Ayala, la Procuraduría Ad Hoc ha solicitado de manera provisional la suma de US$ 1,300 millones como reparación civil por los daños ocasionados al Estado. De esta manera, ante una eventual sentencia condenatoria que ordene el pago de una reparación civil, dicho monto deberá ser asumido de manera solidaria por los más de 30 investigados, entre los que se encuentran el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, así como algunos exministros y personas que ejercieron el rol de funcionarios públicos, además de otros abogados y agentes particulares.
Según la tesis del Ministerio Público, en este caso diversos funcionarios públicos y agentes privados se pusieron al servicio de un pacto criminal que estuvo liderado por el entonces presidente Humala y su esposa, con el fin de favorecer los intereses de la empresa Odebrecht, compañía que buscaba ganar la licitación del proyecto junto a su consorciada Enagás.
Cabe señalar que, en este proceso penal, la Procuraduría viene enfrentando una dura batalla judicial desde diciembre de 2020 contra las defensas legales de los investigados y de las empresas vinculadas a la licitación del Gasoducto. Dichas defensas han venido oponiéndose intensamente a que la Procuraduría ingrese a este caso como actor civil para demandar el pago de un resarcimiento económico a favor del Estado.
La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato reafirma su compromiso para interponer, en este proceso penal, todas las acciones legales que le faculta la ley para defender los intereses del Estado peruano, que es el agraviado por los presuntos hechos de corrupción cometidos en la concesión de este proyecto.
En dicho pedido, que fue aprobado el pasado 28 de marzo por el juez Leodan Cristóbal Ayala, la Procuraduría Ad Hoc ha solicitado de manera provisional la suma de US$ 1,300 millones como reparación civil por los daños ocasionados al Estado. De esta manera, ante una eventual sentencia condenatoria que ordene el pago de una reparación civil, dicho monto deberá ser asumido de manera solidaria por los más de 30 investigados, entre los que se encuentran el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, así como algunos exministros y personas que ejercieron el rol de funcionarios públicos, además de otros abogados y agentes particulares.
Según la tesis del Ministerio Público, en este caso diversos funcionarios públicos y agentes privados se pusieron al servicio de un pacto criminal que estuvo liderado por el entonces presidente Humala y su esposa, con el fin de favorecer los intereses de la empresa Odebrecht, compañía que buscaba ganar la licitación del proyecto junto a su consorciada Enagás.
Cabe señalar que, en este proceso penal, la Procuraduría viene enfrentando una dura batalla judicial desde diciembre de 2020 contra las defensas legales de los investigados y de las empresas vinculadas a la licitación del Gasoducto. Dichas defensas han venido oponiéndose intensamente a que la Procuraduría ingrese a este caso como actor civil para demandar el pago de un resarcimiento económico a favor del Estado.
La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato reafirma su compromiso para interponer, en este proceso penal, todas las acciones legales que le faculta la ley para defender los intereses del Estado peruano, que es el agraviado por los presuntos hechos de corrupción cometidos en la concesión de este proyecto.