Procuraduría del Ministerio Público obtiene 37 millones de soles en procesos ganados en favor del Estado
Nota de prensaTras dieciséis años y tres meses de litigio, el Estado obtiene resultados favorables y evita al país y a la institución un perjuicio económico del tesoro público.
17 de agosto de 2022 - 2:20 p. m.
La Procuraduría Pública del Ministerio Público obtuvo, a través de un proceso civil y cinco procesos arbitrales, un total de 37 millones de soles en fallos favorables al Estado. Un éxito judicial que salvaguarda las finanzas del tesoro público y por ende del pueblo peruano.
El procurador del Ministerio Público, Alfonso José Carrizales Dávila, resaltó que la citada suma corresponde primero a un proceso civil, dado que el Décimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declaró infundada la demanda de indemnización por daños y perjuicios interpuesto por el señor Salvador José Ricci Cortez contra el Ministerio Público, por la suma de S/ 31’218,267.00 soles.
Posteriormente, considerando que el demandante presentó recurso de casación, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República resolvió declarando infundado el referido medio impugnatorio. Tras dieciséis años y tres meses de litigio, se logró ganar este proceso emblemático que evitó que el Estado pague esta cuantiosa suma.
También, la Procuraduría del Ministerio Público logró que, a través de cinco procesos arbitrales se declaren infundadas y fundadas en parte las pretensiones formuladas, primero por la empresa PISERSA por más de 5 millones de soles, debido a cuatro controversias derivadas de la Ejecución del Contrato. Y segundo, por el Consorcio JL VITERIRUIZ, cuya cuantía ascendía a S/ 498,628.25 soles, controversia derivada del Contrato de Supervisión de obra.
Según explica el procurador Carrizales, se favoreció al país y a la institución al haberse impedido un perjuicio económico y la afectación del tesoro público para pagar a una persona y a dos empresas un derecho que no le correspondía.
La PGE reafirma su compromiso en la defensa de los intereses del Estado peruano en los ámbitos jurisdiccionales correspondientes, en cumplimiento del mandato legal que la Constitución le impone.