Procurador público municipal de Chancay denuncia penalmente a funcionarios por registrarse como damnificados

Nota de Prensa
Denuncia penal contra funcionarios municipales por registrase como damnificados del derrame de petróleo de la empresa REPSOL.

Procuraduría General del Estado

22 de julio de 2022 - 6:42 p. m.

El Procurador Municipal de Chancay, Juan José Ramos Casazola, ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la provincia de Huaral, contra dos (02) funcionarios municipales y catorce (14) trabajadores administrativos, por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, al haberse registrado indebidamente en la lista de damnificados por el derrame de petróleo de la empresa REPSOL que afectó las playas del distrito de Chancay.

Los servidores públicos habrían presentado declaraciones juradas, alegando que desempeñaban actividades en el puerto de Chancay relacionadas a la pesca, sin embargo, vienen laborando para la Municipalidad Distrital de Chancay, configurándose el delito de falsa declaración establecido en el artículo 411° del Código Penal. Asimismo, los funcionarios concernidos por estos hechos habrían permitido el registro de sus familiares y de otros trabajadores, habiéndose producido un presunto favorecimiento indebido que deberá esclarecerse durante la investigación fiscal respectiva.

El 15 de enero de 2022, se registró el derrame de petróleo en la playa Bahía Blanca, en Ventanilla, durante las operaciones de descarga del Buque Tanque Mare Doricum, en las instalaciones del Terminal Multiboyas N.° 2, de la Refinería La Pampilla S.A.A., a cargo de la empresa REPSOL, que luego terminó contaminando las costas del distrito de Chancay. Así, el 04 de marzo del presente se suscribió un Acta de Acuerdo entre la Presidencia del Consejo de Ministros y la empresa Refinería la Pampilla S.A.A., en el cual, este último se compromete a dar un anticipo de la indemnización por un monto de S/3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles), de acuerdo con la actividad económica de cada persona afectada consignada en el Único Padrón consensuado.