Procuraduría del MTC evita que el Estado pague más de 7 millones a consorcio integrado por empresas vinculadas al “Club de la Construcción”
Nota de prensaPoder Judicial anuló laudo arbitral que favorecía a Consorcio Vial Huaura, integrado por las empresas Constructora Andrade Gutierrez S.A. y JJC Contratistas Generales S.A.
27 de abril de 2021 - 12:00 p. m.
La Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) logró que el Poder Judicial declare la nulidad parcial -sin reenvío- del laudo arbitral de fecha 3 de setiembre de 2019, que ordenaba a la entidad el pago de S/ 7’671,412.86 a favor del Consorcio Vial Huaura por conceptos vinculados a adicionales de obra, derivados de la ejecución del proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura – Sayán – Churín, Tramo: Huaura – Sayán – Puente Tingo”.
La Procuraduría del MTC había formulado un recurso de anulación ante el fuero judicial contra algunos de los puntos señalados en dicho laudo, amparado en que el tribunal arbitral se pronunció sobre una materia que, de acuerdo a ley, no era arbitrable.
Como resultado de la estrategia de defensa presentada por la Procuraduría, el pasado 14 de abril de 2021, la Primera Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró la nulidad parcial del laudo arbitral, sosteniendo que “no puede someterse a arbitraje los adicionales de obra que -restados los deductivos vinculantes- superen el 15% de monto del contrato original por requerir de autorización previa de la Contraloría General de la República”.
El Consorcio Vial Huaura está conformada por las empresas Constructora Andrade Gutierrez S.A. y JJC Contratistas Generales S.A., las cuales vienen siendo investigadas por el Ministerio Público en el denominado caso del “Club de la Construcción”.
Por su parte, el procurador público del MTC, David Ortiz Gaspar, celebró el logro y expresó que este hecho es muy importante para los intereses del Estado.
“La sentencia acoge los fundamentos de la defensa jurídica propuestos por la Procuraduría y es una muestra del firme compromiso que asumimos al ejercer la defensa jurídica del Estado. Con esta decisión, el Poder Judicial corrige la actuación de algunos árbitros de pronunciarse sobre materias no arbitrales”.