Procuradora General del Estado toma juramento a procurador público de la Municipalidad Distrital de San Bartolo
Nota de prensa
19 de enero de 2026 - 11:00 a. m.
La Procuradora General del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe, tomó juramento al nuevo procurador público de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, Naxssor Shapiama García, incorporándose al Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado.
La solemne ceremonia de juramentación y designación también contó con la participación del alcalde de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, August Carbajal, así como de funcionarios de la institución y familiares del procurador público designado.
La Procuradora General del Estado resaltó que con esta designación asume el compromiso de proteger el patrimonio público, defender los derechos e intereses de la municipalidad y contribuir a fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
“Estamos seguros de que su desempeño estará guiado por el profesionalismo y la vocación de servicio que demanda esta función”, resaltó.
La Procuraduría General del Estado reafirma con esta juramentación su compromiso inquebrantable de dotar al Estado de defensores íntegros, competentes y éticos, cuya labor es fundamental e irremplazable en la defensa jurídica de los intereses del Estado.
La solemne ceremonia de juramentación y designación también contó con la participación del alcalde de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, August Carbajal, así como de funcionarios de la institución y familiares del procurador público designado.
La Procuradora General del Estado resaltó que con esta designación asume el compromiso de proteger el patrimonio público, defender los derechos e intereses de la municipalidad y contribuir a fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
“Estamos seguros de que su desempeño estará guiado por el profesionalismo y la vocación de servicio que demanda esta función”, resaltó.
La Procuraduría General del Estado reafirma con esta juramentación su compromiso inquebrantable de dotar al Estado de defensores íntegros, competentes y éticos, cuya labor es fundamental e irremplazable en la defensa jurídica de los intereses del Estado.