Apurímac: Procuraduría General del Estado protegió más de 311 millones de soles durante el 2025

Nota de prensa
A través de la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Apurímac
Apurímac: Procuraduría General del Estado protegió más de 311 millones de soles durante el 2025

Fotos: Agencias de Noticias Andina

14 de enero de 2026 - 8:00 a. m.

Durante el 2025, la Procuraduría General del Estado, a través de la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de Apurímac, protegió y recuperó recursos públicos por más de S/ 311 millones y restituyó terrenos deportivos de gran importancia.

En el ámbito de las recuperaciones extrajudiciales los terrenos deportivos consisten en el Estadio El Olivo y el Estadio Condebamba, que habían sido tomados por comerciantes y mercado informal. Estas acciones permitieron liberar espacios estratégicos para la ejecución de proyectos de infraestructura relevante.

En el ámbito judicial, se obtuvieron sentencias favorables que evitaron el pago de más de S/ 310 millones, principalmente en procesos laborales vinculados al Decreto de Urgencia N.º 037-94. En los procesos ejecutivos, se redujeron obligaciones y se evitó el desembolso de S/ 757 mil, mientras que en los procesos arbitrales se recuperaron más de S/ 277 mil mediante devoluciones y ejecución de cartas fianza. En materia penal, las sentencias condenatorias y acuerdos logrados permitieron recuperar más de S/ 130 mil en reparaciones civiles y devoluciones económicas.

De manera complementaria, se impulsaron acciones estratégicas en materia laboral y preventiva, como mesas de trabajo con la Dirección Regional de Educación y las UGEL para coordinar el reconocimiento de beneficios laborales derivados de sentencias judiciales, así como capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo y defensa jurídica ante SUNAFIL, realizadas en coordinación con diversas unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Apurímac.

La Procuraduría General del Estado reafirma su compromiso con la protección del patrimonio público y la defensa jurídica de los intereses del Estado, en beneficio de la sostenibilidad y el progreso regional.