Sentencian a responsable de incendio de patrullero en el Centro de Lima y fijan reparación civil a favor del Estado
Nota de prensa
19 de diciembre de 2025 - 3:18 p. m.
La Procuraduría General del Estado, a través de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público, participó en la sentencia condenatoria contra Patricio Cardama Febres, responsable de graves disturbios ocurridos el 5 de junio de 2018, cuando fue incendiado un patrullero de la Policía Nacional del Perú en pleno Centro Histórico de Lima, atentando contra el orden público y poniendo en peligro la vida de efectivos policiales.
La decisión judicial, expedida por el 41° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, no solo impone cinco años de pena privativa de libertad, sino que fija una reparación civil de S/ 55,000.00 (cincuenta y cinco mil soles) a favor del Estado, monto que deberá ser asumido por el condenado como compensación por el grave daño ocasionado al patrimonio público.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público asumió la defensa del Estado desde el inicio del proceso, impulsando las acciones legales necesarias, aportando pruebas determinantes y exigiendo que los responsables respondan no solo penalmente, sino también económicamente por los daños causados.
La imposición de la reparación civil envía un mensaje claro y contundente: los ataques contra el orden público no quedarán impunes. El Estado no solo sanciona la violencia, sino que recupera recursos que pertenecen a todos los peruanos, reafirmando el principio de autoridad y el respeto al Estado de Derecho.
Con esta sentencia, la Procuraduría General del Estado, a través de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público, reafirma su rol clave en la defensa del patrimonio estatal y la legalidad, demostrando que quienes atentan contra el país enfrentan consecuencias reales y ejemplares.
La decisión judicial, expedida por el 41° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, no solo impone cinco años de pena privativa de libertad, sino que fija una reparación civil de S/ 55,000.00 (cincuenta y cinco mil soles) a favor del Estado, monto que deberá ser asumido por el condenado como compensación por el grave daño ocasionado al patrimonio público.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público asumió la defensa del Estado desde el inicio del proceso, impulsando las acciones legales necesarias, aportando pruebas determinantes y exigiendo que los responsables respondan no solo penalmente, sino también económicamente por los daños causados.
La imposición de la reparación civil envía un mensaje claro y contundente: los ataques contra el orden público no quedarán impunes. El Estado no solo sanciona la violencia, sino que recupera recursos que pertenecen a todos los peruanos, reafirmando el principio de autoridad y el respeto al Estado de Derecho.
Con esta sentencia, la Procuraduría General del Estado, a través de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público, reafirma su rol clave en la defensa del patrimonio estatal y la legalidad, demostrando que quienes atentan contra el país enfrentan consecuencias reales y ejemplares.