Procuraduría Pública Especializada contra el Crimen Organizado logró más de 1.5 millones de soles a favor del Estado
Nota de prensaCondena a organización criminal “Los Michis”, también incluyó embargo de inmuebles y vehículos como garantía de reparación civil.
3 de junio de 2025 - 4:20 p. m.
La Procuraduría General del Estado, a través de la Procuraduría Pública Especializada contra el Crimen Organizado (PPECCO), logró que se imponga una reparación civil de S/ 1 400 000 a favor del Estado, así como el embargo de dos inmuebles y seis vehículos valorizados en S/ 119 000, como medidas cautelares para asegurar el resarcimiento económico al erario nacional.
Este importante resultado judicial se alcanzó tras la sentencia condenatoria contra 34 integrantes de la organización criminal “Los Michis”, que operaba en Lima Norte y Noroeste. Gracias a la participación estratégica de la Procuraduría durante todo el proceso penal, los miembros de esta red delictiva fueron condenados por delitos como organización criminal, usurpación agravada, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y cohecho, entre otros.
La banda criminal se dedicaba, entre otras actividades ilícitas, al cobro de cupos a empresarios de construcción civil y la usurpación de terrenos del Estado en zonas estratégicas de Ventanilla y Puente Piedra.
Este caso representa un hito en la lucha contra el crimen organizado y demuestra el compromiso de la Procuraduría por defender los intereses patrimoniales del Estado. La sentencia no solo constituye un golpe a las redes criminales, sino también un precedente clave en la recuperación de bienes públicos, reafirmando el rol fundamental de la defensa jurídica estatal en la protección del patrimonio de todos los peruanos.
Este importante resultado judicial se alcanzó tras la sentencia condenatoria contra 34 integrantes de la organización criminal “Los Michis”, que operaba en Lima Norte y Noroeste. Gracias a la participación estratégica de la Procuraduría durante todo el proceso penal, los miembros de esta red delictiva fueron condenados por delitos como organización criminal, usurpación agravada, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y cohecho, entre otros.
La banda criminal se dedicaba, entre otras actividades ilícitas, al cobro de cupos a empresarios de construcción civil y la usurpación de terrenos del Estado en zonas estratégicas de Ventanilla y Puente Piedra.
Este caso representa un hito en la lucha contra el crimen organizado y demuestra el compromiso de la Procuraduría por defender los intereses patrimoniales del Estado. La sentencia no solo constituye un golpe a las redes criminales, sino también un precedente clave en la recuperación de bienes públicos, reafirmando el rol fundamental de la defensa jurídica estatal en la protección del patrimonio de todos los peruanos.