Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio asume la presidencia de la mesa de trabajo del Subsistema Nacional Especializado
Nota de prensa
27 de noviembre de 2024 - 11:09 p. m.
La Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio- PGE, bajo la dirección de Liliana Elizabeth Meza Quito, asumió la presidencia de la mesa de trabajo del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio para el período 2025. Esta mesa fue creada en noviembre de 2023 a iniciativa del coordinador nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio, el juez supremo titular Manuel Estuardo Luján Túpez, con el objetivo de mejorar la celeridad y eficacia de los procesos de extinción de dominio, mediante la coordinación entre diversas instituciones públicas y la implementación de buenas prácticas.
Cabe indicar que, actualmente, se encuentra integrada por los representantes de diversas instituciones públicas y una experta internacional como son los siguientes: El Poder Judicial (coordinador nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio), el Ministerio Público (Coordinación Nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio, Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos), Policía Nacional del Perú (Dirección de Investigación de Lavado de Activos, División de Investigación de Extinción de Dominio), la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Dirección General de Asuntos Criminológicos y Gabinete de Asesores), el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y la doctora Sara Magnolia Salazar Landinez (consultora internacional).
La elección de Meza Quito refleja el compromiso de la Procuraduría General del Estado en fortalecer este subsistema y en la defensa de los intereses del Estado en la recuperación de activos ilícitos.