Informe de Evaluación de la Defensa Jurídica del Estado (Año 2023)

Informe

10 de febrero de 2025

El presente informe expone el análisis integral de la implementación y resultados de la defensa jurídica del Estado peruano en el período 2023, así como de la gestión del Sistema Administrativo de la Defensa Jurídica del Estado (SADJE), se identifican los factores que han contribuido o limitado al ejercicio de la defensa jurídica en el país, y se generan recomendaciones. Ello ha implicado la revisión, reflexión y emisión de juicios valorativos fundamentados en la información que ha recolectado la Procuraduría General del Estado (PGE), sobre la cobertura, carga procesal, capacidad operativa y eficacia de la defensa jurídica del Estado peruano.

Asimismo, este informe contiene los hallazgos y las recomendaciones de la Contraloría General de la República, según el Informe N° 29038-2023-CG/ADES-ADE denominado “Auditoría de desempeño al proceso de implementación de la Procuraduría General del Estado, en su rol de rector del sistema administrativo de defensa jurídica del Estado” del período 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022, emitido el 4 de diciembre de 2023. La evaluación realizada tiene como propósito mejorar la implementación de la defensa jurídica del Estado, a fin de salvaguardar los intereses de las entidades públicas. En ese sentido, la evaluación apoya la toma de decisiones basadas en evidencia y fortalece la gestión del SADJE al contribuir a la mejora continua.

Asimismo, este informe promueve el aprendizaje mediante la comprensión de lo que funciona y lo que no, busca mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, y tiene el propósito de respaldar intervenciones públicas que requieran garantizar su continuidad y escalabilidad. Dada las limitaciones de recursos e información, no ha sido posible evaluar todas las dimensiones de la defensa jurídica del Estado, por lo que se delimitó el alcance del análisis de resultados e implementación que se desarrolló con la evaluación. En ese sentido, se ha priorizado el análisis exhaustivo de elementos claves de la defensa jurídica del Estado, como la cobertura en el país, la carga procesal, la capacidad a través de recursos humanos, así como la eficacia mediante los resultados de sentencias y laudos, la recuperación y pérdida económica, incluyendo la pérdida económica que se ha logrado evitar en los procesos judiciales y arbitrales en los que el Estado ha sido demandado.

Este informe ha contado con la participación de los órganos de la PGE para la provisión, revisión y validación de la información, basándose principalmente en la data estadística proporcionada por la Dirección de Información y Registro.

En cuanto al contenido del informe, incluye una primera parte en donde se evalúa la defensa jurídica a cargo de las procuradurías públicas del SADJE y una segunda parte en donde se evalúa la actuación de la PGE, como ente rector del SADJE. La primera parte busca analizar la cobertura del servicio de defensa jurídica en el territorio nacional, a través de los órganos de defensa jurídica y los recursos humanos; el análisis de la carga procesal y la eficacia de la defensa jurídica en términos económicos.

La cobertura de la defensa jurídica comprende el análisis de la cantidad de órganos de defensa jurídica en las entidades públicas, así como la cantidad de procuradores públicos, procuradores públicos adjuntos, abogados y personal de apoyo legal-administrativo. Respecto a la carga procesal, el informe se enfoca en exponer qué ámbitos, entidades y materias tienen la mayor carga procesal, y qué materias tienen un mayor predominio. Asimismo, se compara la carga procesal y la cantidad de recursos humanos en las procuradurías públicas.

Se expone también la recuperación y pérdida económica para el Estado proveniente de los resultados de las sentencias judiciales y laudos arbitrales, así como la pérdida económica que se ha logrado evitar para el Estado.

La segunda parte del informe desarrolla la labor de la PGE como ente rector del SADJE, respecto a los resultados de la transferencia de procuradurías públicas, el desarrollo normativo, asesoramiento y apoyo de la PGE a las procuradurías públicas, formación y capacitación, y el régimen disciplinario de los operadores del SADJE.

Finalmente, se adjunta un anexo que comprende la estadística específica sobre la evaluación de la defensa jurídica del Estado
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