Informe de Evaluación de la Defensa Jurídica del Estado (Año 2020)
Informe
7 de febrero de 2022
El “Informe de Evaluación de la Defensa Jurídica del Estado – Año 2020”, es el primer diagnóstico situacional sobre esta materia, elaborado por la Procuraduría General del Estado (PGE) en su condición de ente rector del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado (SADJE). Constituye el resultado del esfuerzo conjunto y la sinergia de las unidades orgánicas de la PGE, las procuradurías públicas a nivel nacional y demás operadores del Sistema que, como manifestación de su compromiso y cohesión institucional, hicieron posible la emisión de este informe que, a su vez, busca ser un instrumento necesario y útil para la toma de decisiones que redunden en beneficio de la defensa del Estado y del Sistema en su conjunto.
El objeto de este informe es evaluar el desempeño de las procuradurías públicas y demás operadores del Sistema en el ejercicio de la defensa jurídica de los intereses del Estado, con la finalidad de identificar los aspectos relevantes que contribuyeron o limitaron una eficaz defensa jurídica, con la finalidad de coadyuvar a la toma de mejores decisiones para el fortalecimiento del SADJE. Los aspectos evaluados (unidades de análisis) están referidos a la actividad procesal; asignación de recursos necesarios; fortalecimiento de capacidades y habilidades; formulación de instrumentos, dispositivos y lineamientos; desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas, entre otros.
En este sentido, este informe constituye un recuento de los hechos realizados en la materia en el año 2020, es decir, en el inicio formal del funcionamiento del SADJE, con su nuevo marco normativo – Decreto Legislativo N° 1326 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS ─que entró en vigencia el 24 de noviembre del 2019─, bajo la rectoría de la Procuraduría General del Estado.
Al respecto, es importante referirnos a situaciones o circunstancias que limitaron o impidieron, desde el inicio de su implementación, el normal desarrollo de las actividades, operatividad y funcionabilidad del SADJE y de sus operadores, afectando indefectiblemente el ejercicio de la defensa jurídica del Estado. Tal es el caso de la insuficiencia presupuestal y, por ende, de recursos en la PGE. Ello, sumado a los problemas enfrentados por la pandemia originada por el Covid-19, que afectó toda la actividad pública y privada del país y del mundo entero, particularmente por las medidas extremas y urgentes de aislamiento social y las nuevas modalidades de trabajo (remoto o teletrabajo al 100%), ordenadas por el gobierno central para evitar la transmisión y propagación del virus. Estas situaciones adversas afectaron la gestión y la productividad en una institución que recién iniciaba su rol rector de un sistema, que resulta fundamental para garantizar la institucionalidad y el sistema democrático en el país. No obstante, y pese a las dificultades presentadas, no nos detuvimos en el proceso de implementación y consolidación del SADJE y de su ente rector; ya que hacerlo hubiese significado un retraso significativo en la gestión y en el proceso de fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado.
Precisamente, fueron estas dificultades las que permiten destacar la importancia de este primer informe y de todo el esfuerzo y empeño desplegado para su elaboración, por cuanto, a pesar de las limitaciones y obstáculos encontrados en el trayecto, se pudo cumplir con el objetivo y finalidad de la evaluación.
Así, el presente estudio busca ser una suerte de diagnóstico o radiografía de los avances y problemas que enfrentó la implementación de la defensa jurídica del Estado durante el 2020 y, de esta manera, un instrumento de consulta que va a permitir, además de transparentar la gestión en la defensa de los intereses del Estado, una identificación rápida de los niveles alcanzados respecto de los objetivos y metas trazadas; de los logros y dificultades presentadas en el patrocinio del Estado, y las respuestas de las y los operadores del Sistema desde sus respectivas funciones y competencias.
Puedo afirmar con certeza que este primer informe se tornará en un instrumento importante para la toma de decisiones que se seguirán implementando en el año 2021 y que serán materia de un segundo informe. La finalidad última no es otra que contribuir en beneficio de la defensa jurídica del Estado y, por ende, en el fortalecimiento de la PGE -y del Sistema- como institución líder en el servicio de la defensa jurídica en el ámbito nacional, enrumbando asimismo nuestras acciones hacia la consolidación de la institución como referente en la región, con capacidad de brindar servicios de calidad y de compartir experiencias y buenas prácticas en materia de defensa jurídica del Estado.
El objeto de este informe es evaluar el desempeño de las procuradurías públicas y demás operadores del Sistema en el ejercicio de la defensa jurídica de los intereses del Estado, con la finalidad de identificar los aspectos relevantes que contribuyeron o limitaron una eficaz defensa jurídica, con la finalidad de coadyuvar a la toma de mejores decisiones para el fortalecimiento del SADJE. Los aspectos evaluados (unidades de análisis) están referidos a la actividad procesal; asignación de recursos necesarios; fortalecimiento de capacidades y habilidades; formulación de instrumentos, dispositivos y lineamientos; desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas, entre otros.
En este sentido, este informe constituye un recuento de los hechos realizados en la materia en el año 2020, es decir, en el inicio formal del funcionamiento del SADJE, con su nuevo marco normativo – Decreto Legislativo N° 1326 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS ─que entró en vigencia el 24 de noviembre del 2019─, bajo la rectoría de la Procuraduría General del Estado.
Al respecto, es importante referirnos a situaciones o circunstancias que limitaron o impidieron, desde el inicio de su implementación, el normal desarrollo de las actividades, operatividad y funcionabilidad del SADJE y de sus operadores, afectando indefectiblemente el ejercicio de la defensa jurídica del Estado. Tal es el caso de la insuficiencia presupuestal y, por ende, de recursos en la PGE. Ello, sumado a los problemas enfrentados por la pandemia originada por el Covid-19, que afectó toda la actividad pública y privada del país y del mundo entero, particularmente por las medidas extremas y urgentes de aislamiento social y las nuevas modalidades de trabajo (remoto o teletrabajo al 100%), ordenadas por el gobierno central para evitar la transmisión y propagación del virus. Estas situaciones adversas afectaron la gestión y la productividad en una institución que recién iniciaba su rol rector de un sistema, que resulta fundamental para garantizar la institucionalidad y el sistema democrático en el país. No obstante, y pese a las dificultades presentadas, no nos detuvimos en el proceso de implementación y consolidación del SADJE y de su ente rector; ya que hacerlo hubiese significado un retraso significativo en la gestión y en el proceso de fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado.
Precisamente, fueron estas dificultades las que permiten destacar la importancia de este primer informe y de todo el esfuerzo y empeño desplegado para su elaboración, por cuanto, a pesar de las limitaciones y obstáculos encontrados en el trayecto, se pudo cumplir con el objetivo y finalidad de la evaluación.
Así, el presente estudio busca ser una suerte de diagnóstico o radiografía de los avances y problemas que enfrentó la implementación de la defensa jurídica del Estado durante el 2020 y, de esta manera, un instrumento de consulta que va a permitir, además de transparentar la gestión en la defensa de los intereses del Estado, una identificación rápida de los niveles alcanzados respecto de los objetivos y metas trazadas; de los logros y dificultades presentadas en el patrocinio del Estado, y las respuestas de las y los operadores del Sistema desde sus respectivas funciones y competencias.
Puedo afirmar con certeza que este primer informe se tornará en un instrumento importante para la toma de decisiones que se seguirán implementando en el año 2021 y que serán materia de un segundo informe. La finalidad última no es otra que contribuir en beneficio de la defensa jurídica del Estado y, por ende, en el fortalecimiento de la PGE -y del Sistema- como institución líder en el servicio de la defensa jurídica en el ámbito nacional, enrumbando asimismo nuestras acciones hacia la consolidación de la institución como referente en la región, con capacidad de brindar servicios de calidad y de compartir experiencias y buenas prácticas en materia de defensa jurídica del Estado.
INFORME EVALUACION DJE.pdf
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