Más de 600 procuradores y abogados a nivel nacional discuten sobre la estrategia contra la criminalidad organizada

El 25 de enero, la Procuraduría General del Estado a través de su Centro de Formación y Capacitación (CFC) llevó a cabo su segunda conferencia bajo el título "El rol de la Procuraduría General del Estado (PGE) en la lucha contra el crimen organizado". Este encuentro reunió a más de 600 procuradores, abogados y otros operadores pertenecientes al Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado (SADJE).

 

El objetivo fue abordar el fenómeno del crimen organizado desde diversas perspectivas, destacando las estrategias gubernamentales, su impacto en la sociedad y las herramientas legales para su prevención y erradicación, específicamente a través de las acciones institucionales lideradas por la Procuraduría General del Estado. Ello en el marco de la puesta en marcha de la nueva “Procuraduría Pública Especializada contra el Crimen Organizado”. 

 

La conferencia estuvo a cargo de Nicolás Zevallos Trigoso, criminólogo especializado en seguridad ciudadana y estudios policiales, quien examinó las transformaciones, tendencias y alertas del crimen organizado. También participó Moisés Vega de la Cruz, procurador público (e) de Crimen Organizado, quien disertó sobre la recuperación de reparaciones civiles ordenadas con sentencias condenatorias. Finalmente, se contó con la participación del Procurador General del Estado (e), Javier Pacheco Palacios, quien se centró en la determinación de la reparación civil en los delitos de corrupción cometidos por organizaciones criminales.

 

Durante este evento, también se presentó el boletín "Perspectivas en la Defensa Jurídica del Estado. Un espacio de opinión", una iniciativa que busca resaltar y compartir las valiosas perspectivas de los profesionales del SADJE y los especialistas de la PGE. La primera edición de esta publicación se centró en el fenómeno de la criminalidad organizada, e incluye un artículo del Procurador General del Estado (e), que analiza la "Determinación de la reparación civil en los delitos de corrupción cometidos por organizaciones criminales".