COMUNICADO

El Gobierno apuesta por el fortalecimiento de la Contraloría General de la República, institución fundamental para la lucha contra la corrupción. Compartimos el compromiso con la prevención y verificación del uso transparente y correcto de los recursos del Estado, como del desarrollo honesto de todo servidor público. Sin embargo, nos vemos en la obligación de observar dos artículos concretos (19° y 33°) de la Autógrafa de Ley de Fortalecimiento de la Ley de la Contraloría General de la República por las siguientes razones amparadas en las normas y la Constitución Política del Estado:

1. El proyecto de ley presentado por la Contraloría y aprobado en la Comisión de Fiscalización, ha sido modificado por el Congreso de la República, aprobándose un texto distinto que carece de justificación y sin una discusión técnica y jurídica con instituciones ajenas al Congreso.

2. En este contexto, el Congreso ha aprobado modificar el artículo 19 del mencionado proyecto, retirándole a la Contraloría General de la República la facultad de nombrar por concurso público al jefe del Órgano de Control Interno (OCI) que los supervisa, para designarlo en base a sus propias normas. Consideramos que esta modificación no contribuye a la transparencia e institucionalidad que rige a las entidades sujetas a control. El Ejecutivo no pretende restarle competencias a la Contraloría, por el contrario, busca salvaguardarlas.

3. De otro lado, la modificación del artículo 33 dispone la existencia máxima de dos vice contralorías, contraviniendo así el artículo 79 de la Constitución Política que, de manera expresa, establece que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos.

Por las razones expuestas, consideramos indispensable para la institucionalidad democrática de nuestro país, que los proyectos de ley no excluyan del debate a las entidades y que las disposiciones planteadas cuenten con un sustento técnico y legal dentro de los márgenes constitucionales.

En ese sentido, exhortamos al Congreso se mantenga la redacción vigente de los artículos 19° y 33°. La transparencia y corrección son principios de buen gobierno que rigen a las entidades y su ejercicio permanente es la mejor forma de luchar contra la corrupción.

Lima, 22 de febrero de 2018