Declaración del Consejo de Estado

ATENDIENDO a los justos reclamos del pueblo peruano en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, problema que deberá afrontarse de manera decidida y definitiva para prestar a la población en general las garantías de su seguridad y la tranquilidad para el desarrollo de sus actividades económicas que permitan su subsistencia y su posterior desarrollo;

CONVENCIDOS de trabajar en conjunto, respetando el catálogo de competencias propias de cada Poder del Estado y Organismo Constitucionalmente Autónomo, pero con el igual propósito de colaborar interinstitucionalmente, sin obstáculos, para lograr el objetivo común de reducir los índices de criminalidad y de percepción de inseguridad ciudadana;

COMPROMETIDOS con establecer, desde las atribuciones de cada entidad, las acciones necesarias que permitan adoptar en el más breve plazo las medidas normativas, reglamentarias, de gestión, entre otras, que signifiquen afrontar y vencer los graves problemas demandados por la población peruana;

Los titulares de los Poderes del Estado, de los Organismos Constitucionales Autónomos, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, representada por su presidente, y de la Asociación de Municipalidades del Perú, representada por su presidente, reunidos en la fecha en el presente Consejo de Estado, manifestamos a la ciudadanía lo siguiente, en materia de:

1. Seguridad ciudadana: Fortalecer e impulsar el trabajo coordinado entre los diversos actores y responsables estatales de brindar bienestar y seguridad pública. Este trabajo coordinado debe tener en cuenta la clara definición del rol que compete a cada uno, respetando sus opiniones, autonomías y ámbitos constitucionales y legales, pero siempre desde una visión integral de los procesos que correspondan y orientados al objetivo común de lograr la seguridad ciudadana y bienestar general a través de una estrategia común. Asimismo, revisar y adecuar el marco normativo y jurisprudencial vigente, promulgados en contextos anteriores a la crisis de seguridad ciudadana a fin de posibilitar —a nivel nacional y de forma descentralizada— la persecución y la sanción a los nuevos actores del delito, que utilizan nuevas modalidades delictivas, muchas de ellas importadas y que incluyen sobre todo el uso de tecnología. Finalmente, debe enfatizarse la labor de educación y prevención social en la infancia y la juventud —a lo largo y ancho de nuestro territorio—, en lugar de poner el énfasis en políticas de reparación o de rehabilitación penitenciaria, lo cual implica abordar la situación de los docentes militantes del MOVADEF, el cual ha sido declarado ilegal por el Poder Judicial.

2. Justicia y lucha contra el crimen organizado: Consolidar un Estado comprometido en la lucha contra el crimen organizado, enfocado en construir un Perú seguro y próspero, no solo para cada familia, sino también para los integrantes de la Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas, para los jueces y fiscales que trabajan y luchan por la defensa de la democracia y la seguridad ciudadana. Todo ello supone brindar a nuestra Policía Nacional y Fuerzas Armadas de los elementos científicos, tecnológicos y logísticos, así como las herramientas e instrumentos para combatir eficazmente el crimen organizado transnacional, que hace uso de tecnología de punta, así como un marco legal más protector que coadyuve a la realización eficiente de sus labores. En cuanto a nuestros jueces y fiscales, corresponde orientar todos los esfuerzos para reducir la provisionalidad y lograr la titularidad de todos. Tanto para los miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial y del Ministerio Público deben contar con procedimientos sancionadores espacialmente céleres y drásticos que permitan el apartamiento de las instituciones de los servidores o funcionarios que se hayan involucrado con el crimen organizado. Esto se complementa con la labor de incrementar la infraestructura penitenciaria en concordancia con lo señalado en la Política Penitenciaria y requiere el compromiso y la colaboración de los gobiernos regionales y locales. Asimismo, estos nuevos establecimientos penitenciarios deben cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y cumplir los fines constitucionales de la pena: la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación del penado a la sociedad.

3. Control migratorio: Adecuar el marco normativo vigente y distinguir claramente la figura del refugiado y del migrante a fin de poner en práctica mecanismos permanentes o periódicos que permitan la regularización y la identificación de los inmigrantes que ya se encuentran en el territorio nacional y los que vayan a llegar. Estos mecanismos deben contar con la participación de SUNAFIL, SUNAT y otros organismos supervisores y fiscalizadores. Asimismo, es necesario promover una migración responsable, es decir, no solo centrada en derechos sino en la seguridad nacional y pública, conforme a las necesidades de desarrollo laboral, económico y financiero del país. De otro lado, en los lugares donde existen indices más altos de extorsión y/o nuevas modalidades delictuales importadas que utilizan tecnología de última generación e inteligencia artificial debe acrecentarse la especialización operativa, funcional y académica de las unidades de la Policia Nacional en materia de investigación e inteligencia con el fin de elaborar estrategias y acciones interinstitucionales urgentes y articuladas. Esta misión es nuestra responsabilidad compartida: brindar a todos los peruanos y peruanas —de costa, sierra y selva— la tranquilidad que merecen para desarrollarse plenamente y alcanzar sus metas en una sociedad segura y justa.

4. Crecimiento económico: La seguridad ciudadana permite el desarrollo de las grandes inversiones privadas como las zonas agroindustriales en el norte del país, los puertos del Callao y Chancay, los aeropuertos Jorge Chávez y Chinchero, que permiten que el Perú pueda aspirar a lograr una trayectoria de crecimiento elevada e inclusiva, que debe plasmarse en la mejora en la calidad de los servicios públicos de los poderes del Estado y de los organismos constitucionales autónomos, en la reducción de la informalidad y el logro de empleos públicos de mayor calidad.

Deben facilitarse y promoverse las inversiones públicas asociadas al capital humano y a la infraestructura, que repercutirá en la mejora en gobernanza pública. De la misma forma, impulsar la promoción de los proyectos mineros, gasíferos y agrícolas que se encuentran en el territorio nacional.

Finalmente, este Consejo de Estado da la bienvenida a los líderes de las 21 economías más importantes del mundo reunidos en el Foro del APEC 2024.

Unidos, podemos lograrlo. La ciudadanía así nos lo demanda.

Lima, 5 de noviembre de 2024.

FIRMAN LA DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO:
1.- Presidenta de la República el Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegarra.
2.- Presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana Cavides.
3.- Presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio Humberto de la Haza Barrantes.
4.- Presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela.
5.- Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana.
6.- Contralor General de la República, César Enrique Aguilar Surichaqui.
7.- Defensor del Pueblo, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor.
8.- Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Werner Máximo Salcedo Álvarez.
9.- Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, Dennys Mercurio Cuba Rivera.