Misión del Banco Mundial llega al Perú para revisar avances del programa que impulsa la transformación digital de la justicia

Representantes del Banco Mundial, del Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia No Penal (PMSAJ) – MINJUSDH y de las entidades beneficiarias —Junta Nacional de Justicia (JNJ), Tribunal Constitucional (TC) y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH)— reafirmaron su compromiso con la transformación digital del sistema de justicia mediante la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE).

El encuentro se desarrolló el miércoles 7 de octubre, en el marco de la misión de supervisión de los avances del Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia No Penales a través de la Implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), liderada por Rubén Ruano, especialista senior del Sector Público del Banco Mundial.

La misión tiene como objetivo evaluar los avances generales del programa y monitorear los principales componentes de los proyectos de inversión que fortalecen a las instituciones clave del sistema de justicia: la JNJ, el TC y el MINJUSDH.

Participaron también los consultores del Banco Mundial, Camilo Ávalo y Óscar Archila; el director ejecutivo del PMSAJ – MINJUSDH, Darwin Eufracio; y el equipo técnico del programa. Asimismo, asistieron representantes de las entidades beneficiarias: por la JNJ, Katia Núñez, directora general; por el TC, César Rodríguez, jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información; y por el MINJUSDH, Walter Martínez, director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia.

La jornada, que continuó hasta el jueves 9 de octubre, incluyó la revisión técnica de los sistemas informáticos desarrollados para la implementación del EJE, una herramienta clave que permitirá garantizar un acceso más equitativo y transparente a los servicios de justicia.

Con el respaldo técnico y financiero del Banco Mundial, a través del contrato de préstamo N.° 8975, el PMSAJ – MINJUSDH ratifica su compromiso con la modernización, transparencia y digitalización del sistema de justicia, promoviendo un Estado más eficiente, accesible y al servicio de la ciudadanía.