Poder Judicial se suma a campaña internacional “Corazón Azul 2023” para luchar contra la trata de personas

De azul y de manera simultánea se iluminaron ayer por la noche el frontis de Palacio Nacional de Justicia y de las sedes de las cortes superiores de justicia del país, como parte de la campaña internacional “Corazón Azul 2023” a la que se suma el Poder Judicial para combatir la trata de personas.

Así, con el lema #SomosPersonasNoMercancía, el Poder Judicial, que preside el juez supremo Javier Arévalo Vela, ratifica su compromiso para prevenir, combatir y sancionar ejemplarmente este flagelo.

La trata de personas constituye una de las más graves violaciones de los derechos humanos y tiene causas estructurales como la pobreza, la vulnerabilidad, la desigualdad de género y la corrupción.

Este flagelo afecta, principalmente, a mujeres, niñas y adolescentes, quienes por factores sociales, económicos y culturales se encuentran en una mayor situación de riesgo, vulnerabilidad y necesidad de protección frente a este delito.

Según información estadística, el 85% de las víctimas de trata de personas en nuestro país son mujeres.

Asimismo, el grooming (acoso y abuso sexual online) y la seducción por medios digitales son algunos de los métodos más usados para captar a las víctimas.

En tanto que una de las modalidades más frecuentes de captación son las falsas ofertas laborales en línea: las mafias se escudan en falsos perfiles, con falsos testimonios, y falsos propósitos.

Por ello, el Poder Judicial participa activamente de los procesos de articulación -en la generación de propuestas e implementación de estrategias que se establecen para combatir este grave delito, tales como la campaña internacional “Corazón Azul”.

En nuestro país la campaña internacional contra la trata es liderada por la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, integrada por distintas instituciones, entre ellas, el Poder Judicial. La jueza suprema Elvia Barrios Alvarado es representante titular de este poder del Estado ante dicha comisión.

Debe señalarse que el Acuerdo Plenario N° 06-2019/CJ-116 aprobado por la Corte Suprema de la República, vinculante para los jueces y juezas de todo el país, estableció que el bien jurídico protegido en el delito de trata de personas es la dignidad de las personas.

Asimismo, creó criterios judiciales para abordar el delito, en los casos de las víctimas niños, niñas y adolescentes, en la que se establece que los medios para perpetrarla no requieren ser probados.