Ocma propone destitución de jueza que coordinó con exjuez Supremo César Hinostroza el traslado de magistrada a Lima

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), jefaturada por el juez supremo titular Ulises Yaya Zumaeta, propone a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la destitución de la magistrada Rosa Amelia Vera Meléndez, quien al formar parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) coordinó con el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi para favorecer el traslado de una magistrada de la Corte del Santa a Lima.

Según la investigación, Vera Meléndez estableció relaciones extraprocesales (comunicación telefónica) con Hinostroza Pariachi con el fin de gestionar acciones y favorecer la solicitud de traslado de la jueza María Luisa Apaza Panuera desde la Corte Del Santa a cualquier distrito judicial de Lima. 

Así mismo en su intento por lograr este traslado, Vera Meléndez también solicitó el apoyo del exconsejero del CEPJ Augusto Ruidías Farfán.

Sin embargo, al no conseguir que la solicitud de traslado fuera aceptada en una sesión por el pleno del CEPJ, Vera Meléndez informó detalladamente al exjuez supremo sobre las opiniones vertidas durante el debate de los consejeros, revelando de manera consciente y voluntaria el carácter confidencial de la sesión. 

Por otro lado, en el marco de la referida investigación administrativa concluida, la OCMA también impuso la medida disciplinaria de suspensión del cargo por seis meses contra los magistrados Augusto Ruidías Farfán y María Luis Apaza Panuera.

En el caso del juez Ruidías Farfán, por su actuación como integrante del CEPJ, la OCMA le impuso la referida medida disciplinaria puesto que se comprobó que estableció relaciones extraprocesales con el exjuez supremo César Hinostroza y recibió la solicitud de apoyar el traslado de la magistrada Apaza Panuera.

Mientras que en el caso de la magistrada María Luis Apaza Panuera, jueza superior de la Corte Superior de Justicia del Santa, la OCMA le impuso la medida disciplinaria de suspensión de su cargo por seis meses, al quedar demostrado que cometió actos u omisiones que, si bien no constituyen delito, vulneraron gravemente los deberes del cargo establecidos por la ley.