Corte de La Libertad será la primera en el norte del país en capacitar a sus jueces en lenguaje de señas

Con la finalidad de acercar la justicia a la población en condición de vulnerabilidad, el presidente de la Corte Superior de La Libertad, Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, suscribió el acuerdo de intervención y ejecución del programa "Lengua de Señas Peruanas", con el gobernador regional César Acuña Peralta, a fin de capacitar a la familia judicial en lenguaje de señas.

Esta capacitación tendrá una duración de 45 días e iniciará el próximo lunes 22 de mayo, con la participación -en un primer grupo- de 80 personas, entre magistrados y servidores jurisdiccionales y administrativos, quienes se congregarán para aprender el lenguaje de señas y ampliar las posibilidades de atención de los usuarios que presentan discapacidad auditiva.

El titular del distrito judicial, Víctor Burgos Mariños expresó que esta alianza interinstitucional permite que el servicio de administración de justicia también se enfoque en los usuarios con discapacidad, a través del fortalecimiento de las capacidades de la familia judicial, para así atender sus demandas y brindarles respuestas rápidas.

"Tenemos el propósito de mejorar el servicio de justicia y es por ello que hemos impulsado esta iniciativa promovida por el doctor Félix Ramírez Sánchez, juez civil del módulo de La Esperanza, con el objetivo de que nuestros jueces y trabajadores aprendan el lenguaje de señas y generar un espacio de entendimiento a las necesidades de las personas con discapacidad", remarcó el doctor Burgos Mariños.

Por otro lado, la coordinadora del programa de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, doctora Yvonne Lúcar Vargas, agradeció al titular Víctor Burgos Mariños por apoyar esta propuesta e impulsar el desarrollo de la familia judicial a favor de la población vulnerable.

Finalmente, el magistrado Félix Ramírez Sánchez manifestó que esta iniciativa romperá con las barreras de comunicación existentes en las personas con discapacidad auditiva ya que cubre la necesidad que como servidores públicos se tiene para entenderlos y garantizar sus derechos fundamentales.