Capacitan a orientadoras judiciales en materia de derechos sexuales y reproductivos

Alrededor de sesenta orientadoras judiciales de la Corte de Lima Norte fueron capacitadas en materia de derechos sexuales y reproductivos, educación sexual integral así como sobre criminalización del aborto y el aborto terapéutico.

 

Este fortalecimiento de capacidades, llevadas a cabo en dos jornadas, fueron organizadas por la Comisión de Acceso a la Justicia, que preside la jueza suprema Janet Tello Gilardi, junto con la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (Jusdem) y la Asociación Peruana de Mujeres Juezas (APMJ).

 

En sus palabras de bienvenida a los talleres, Tello Gilardi reafirmó el compromiso del Poder Judicial para la defensa de los derechos de las poblaciones vulnerables y la promoción de una cultura jurídica ciudadana en alianza con las asociaciones civiles.

 

 

Durante las jornadas, las orientadoras judiciales fueron capacitadas en los temas: “El derecho a la salud sexual y reproductiva en el marco de la Ley Nº 30364” y “Desmitificar la Educación Sexual Integral”, a cargo de las especialistas Patricia Salas Pastor y Pamela Carhuapoma.

 

Salas Pastor, de la Asociación Acción por la Igualdad, explicó a las participantes que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos.

 

Les expuso, asimismo, sobre las manifestaciones de violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva como limitar la información para la toma de decisiones, violación de la privacidad o confidencialidad, así como la restricción a medicamentos o procedimientos médicos sin la debida razonabilidad. 

 

Además les explicó sobre la violencia física, psicológica y sexual en las atenciones de los servicios de salud, como la violencia obstétrica y sobre las prácticas invasivas en el cuerpo de la mujer, así como restringir o limitar el acceso al aborto terapéutico.

 

A su turno, Carhuapoma señaló que en el Perú, doce de cada cien  adolescentes están embarazadas o ya son madres y que la cifra de los delitos de violación de la libertad sexual denunciados el año pasado fue de 33 mil 903 casos.

 

Explicó que la educación sexual integral es un enfoque de la educación sexual basado en los derechos y con perspectiva de género, tanto dentro como fuera del ámbito escolar, que permite que todas las y los jóvenes conozcan, exijan y protejan sus derechos.

 

Agregó que esta tiene como propósito promover espacios seguros y vínculos saludables, prevenir el embarazo adolescente y la violencia de género, así como disminuir los casos de infecciones de transmisión sexual.

 

 

Las orientadoras judiciales también recibieron una capacitación virtual con el tema: “Aborto terapéutico y criminalización del aborto”, a cargo de la Asociación Justicia Verde.

 

Así, estas lideresas comunitarias recibieron información sobre cómo las mujeres y personas gestantes deben ejercer sus derechos ante las instituciones que impiden su autonomía sexual y reproductiva.

 

También sobre la presencia de estereotipos de género respecto a la maternidad en el personal de salud  y en los profesionales de la administración de justicia, así como en la criminalización social de las decisiones reproductivas.   

 

Como se sabe, las orientadoras judiciales son lideresas comunitarias que, de manera voluntaria y de forma gratuita, contribuyen al mejoramiento del acceso a la justicia, superando las barreras a las que se enfrentan las personas al momento de hacer valer sus derechos ante el sistema de justicia.

 

Desde el 2018 al 2022 han sido formadas 631 orientadoras judiciales en las cortes de Arequipa, Áncash, Callao, Del Santa, Lima, Lima Este, Lima Sur, Puno, Sullana y Lima Norte.

 

En todos ese período de tiempo, ellas han logrado atender a más de 2 mil 300 casos en materia de alimentos, filiación, rectificación de partidas, apoyos y salvaguardias y violencia familiar.