Poderes judiciales de Iberoamérica deben aplicar medidas para evitar discriminación contra pueblos indígenas

El sistema de administración de justicia tiene como labor primordial la protección de los derechos de los pueblos indígenas y debe, por lo tanto, implementar las medidas establecidas en la ley para corregir las asimetrías que ocasionan discriminación contra ellas.

 

Así lo sostuvo la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia, a través de su coordinadora, la magistrada panameña Ángela Russo de Cedeño, tras una reunión donde participaron comisionados y comisionadas de diferentes países de Iberoamérica, entre ellas la jueza suprema Janet Tello Gilardi en representación del Perú.

 

La comisión instó, en tal sentido, a los poderes judiciales de los países miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana promover y difundir las acciones positivas que establece las 100 Reglas de Brasilia en favor de las poblaciones vulnerables, en las que están incluidos los pueblos originarios.

 

Russo de Cedeño señaló que entre las medidas a implementarse debe estar la de llevar la justicia a los diferentes rincones del país, como lo hacen Panamá y Perú, a través de la justicia itinerante.

 

“El acceso a la justicia no debe estar solamente en papel sino que debe materializarse trasladándose a lugares que por razones de pobreza o pertenecer a una etnia indígena no pueden acceder a ella”, señaló.

 

 

Como se sabe, cada 9 de agosto como hoy, los países del mundo celebran el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, que conmemora el valioso aporte de estas para enriquecer el acervo histórico y cultural de la humanidad. 

 

En ese sentido, la comisión de seguimiento emitió un pronunciamiento donde emplaza a los poderes judiciales garantizar condiciones para que los pueblos indígenas ejerzan sus derechos de manera plena, sin discriminación, respetando su idioma, cultura y tradiciones.

 

“Desde la comisión instamos a cada país que integra la Cumbre Judicial, continuar la difusión e implementación de esta importante herramienta, que no solamente contiene buenas prácticas para la inclusión, sino que además está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y los Derechos Humanos”, dice el pronunciamiento.

 

Esa divulgación, señala la comisión de seguimiento, no solamente debe hacerse entre los operadores y operadoras de justicia, sino extenderse a todos los sectores de la población, en formatos y medios accesibles. 

 

“Hacemos un llamado a seguir abriendo espacios de inclusión, reconociendo la riqueza cultural de nuestros pueblos originarios y tomando medidas para aumentar la cantidad de profesionales indígenas que se integran a nuestras cortes y tribunales”, señala el comunicado.

 

Además de Russo de Cedeño y Tello Gilardi, entre los firmantes figura el juez Alberto Agustín Lugones, del Consejo de la Magistratura de Argentina, así como las magistradas María Fernanda Castro Mendoza, de la Corte Suprema de Honduras, y María Amanda Castellón Tiffer, del Tribunal de Apelaciones de Nicaragua, entre otros.