Titular del Poder Judicial Janet Tello Gilardi sostuvo reunión con presidente José María Balcázar
Nota de prensaAmbas autoridades dialogaron sobre temas presupuestales y la inseguridad ciudadana que azota al país.
20 de febrero de 2026 - 3:28 p. m.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, sostuvo este mediodía una reunión protocolar con el presidente de la república, José María Balcázar Zelada, en Palacio de Gobierno.
En la cita ambas altas autoridades de la Nación trataron, entre otros temas, sobre la necesidad de un presupuesto adecuado para el Poder Judicial, que le permita brindar un servicio de justicia de calidad a la ciudadanía.
Asimismo, abordaron la urgencia de contar con los recursos suficientes para enfrentar con eficacia la problemática de la inseguridad ciudadana con el fortalecimiento y despliegue de las unidades de flagrancia en el país, durante el presente año.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
Además, la autoridad judicial resaltó la importancia del respeto a la independencia judicial y del principio de separación de poderes, en los cuales se sostiene el régimen democrático.
El encuentro se produce luego que Balcázar Zelada fuera elegido por el Congreso de la República, el último miércoles, como presidente de ese poder del Estado, y como consecuencia, encargado de la Presidencia de la República.
Uno de los principales ejes del plan de trabajo de Tello Gilardi está relacionado con la seguridad ciudadana, por lo cual está desplegando un plan de implementación de unidades de flagrancia a nivel nacional.
Actualmente, la magistrada preside el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva por mandato de la Ley n.° 32348, la cual crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva.
CONTRA LA DELINCUENCIA
Durante el 2025, el Poder Judicial logró habilitar 38 unidades de flagrancia a lo largo del territorio nacional para contrarrestar los altos índices de delincuencia que azota al país.
Sin embargo, para continuar su despliegue en otros lugares con alta incidencia delictiva se requieren más recursos financieros, los cuales no fueron considerados en el Presupuesto General de la República 2026.
En la infraestructura judicial de las unidades de flagrancia se concentran en un solo local los operadores del sistema de administración de justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Defensa Pública.
Bajo este modelo de justicia rápida los procesos inmediatos por flagrancia son céleres donde los órganos jurisdiccionales dictan sentencias en plazos promedio de 72 horas y hasta menos.
INDEPENDENCIA DE JUEZAS Y JUECES
Como se recuerda, la titular del Poder Judicial con el respaldo de la Sala Plena de la Corte Suprema y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través de pronunciamientos públicos, también ha expresado su posición en defensa de la independencia judicial de las juezas y jueces.
Asimismo, advirtió que varias de las normas aprobadas por el Congreso flexibilizan la lucha contra la corrupción, generan impunidad e interfieren en el sistema de justicia.
Incluso conformó una comisión que ella integró junto con expresidentes del Poder Judicial, que evaluó la cuestionada normativa y presentó un informe al Legislativo con sus observaciones y propuestas de modificatoria.
Lima, 20 de febrero de 2026
En la cita ambas altas autoridades de la Nación trataron, entre otros temas, sobre la necesidad de un presupuesto adecuado para el Poder Judicial, que le permita brindar un servicio de justicia de calidad a la ciudadanía.
Asimismo, abordaron la urgencia de contar con los recursos suficientes para enfrentar con eficacia la problemática de la inseguridad ciudadana con el fortalecimiento y despliegue de las unidades de flagrancia en el país, durante el presente año.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
Además, la autoridad judicial resaltó la importancia del respeto a la independencia judicial y del principio de separación de poderes, en los cuales se sostiene el régimen democrático.
El encuentro se produce luego que Balcázar Zelada fuera elegido por el Congreso de la República, el último miércoles, como presidente de ese poder del Estado, y como consecuencia, encargado de la Presidencia de la República.
Uno de los principales ejes del plan de trabajo de Tello Gilardi está relacionado con la seguridad ciudadana, por lo cual está desplegando un plan de implementación de unidades de flagrancia a nivel nacional.
Actualmente, la magistrada preside el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva por mandato de la Ley n.° 32348, la cual crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva.
CONTRA LA DELINCUENCIA
Durante el 2025, el Poder Judicial logró habilitar 38 unidades de flagrancia a lo largo del territorio nacional para contrarrestar los altos índices de delincuencia que azota al país.
Sin embargo, para continuar su despliegue en otros lugares con alta incidencia delictiva se requieren más recursos financieros, los cuales no fueron considerados en el Presupuesto General de la República 2026.
En la infraestructura judicial de las unidades de flagrancia se concentran en un solo local los operadores del sistema de administración de justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Defensa Pública.
Bajo este modelo de justicia rápida los procesos inmediatos por flagrancia son céleres donde los órganos jurisdiccionales dictan sentencias en plazos promedio de 72 horas y hasta menos.
INDEPENDENCIA DE JUEZAS Y JUECES
Como se recuerda, la titular del Poder Judicial con el respaldo de la Sala Plena de la Corte Suprema y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través de pronunciamientos públicos, también ha expresado su posición en defensa de la independencia judicial de las juezas y jueces.
Asimismo, advirtió que varias de las normas aprobadas por el Congreso flexibilizan la lucha contra la corrupción, generan impunidad e interfieren en el sistema de justicia.
Incluso conformó una comisión que ella integró junto con expresidentes del Poder Judicial, que evaluó la cuestionada normativa y presentó un informe al Legislativo con sus observaciones y propuestas de modificatoria.
Lima, 20 de febrero de 2026