Poder Judicial trabaja para que ciberseguridad y protección de datos se constituyan como ejes estructurales de la justicia

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, sostuvo que el poder del Estado a su cargo trabaja para fortalecer la seguridad digital en la administración de justicia, ante el aumento sostenido del cibercrimen en el país.

“Nuestro compromiso es trabajar para que la ciberseguridad y la protección de datos personales se consoliden como ejes estructurales del sistema de justicia, integrados en nuestra planificación estratégica y políticas institucionales”, señaló.

Fue durante su participación en un encuentro de líderes sobre estrategias corporativas de los referidos temas promovido por la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

Tello Gilardi advirtió que el fraude informático, el robo de identidad, los ataques a infraestructuras críticas y la vulneración de bases de datos no son fenómenos aislados, sino expresiones de una criminalidad sofisticada que opera sin fronteras y que evoluciona con gran rapidez.

“No hablamos únicamente de delitos tradicionales trasladados al entorno digital; enfrentamos estructuras organizadas, esquemas transnacionales y tecnologías emergentes que ponen a prueba nuestras capacidades normativas, tecnológicas y humanas”, señaló.

La magistrada resaltó, además, que en un entorno global altamente digitalizado la ciberseguridad se ha convertido en un elemento estructural del crecimiento sostenible y de la competitividad nacional.

Cabe señalar que según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se puede observar un crecimiento a través de los años del cibercrimen y los ciberataques aumentan un 40% anualmente a nivel global.

“Las nuevas modalidades delictivas no solo representan un desafío técnico; constituyen una amenaza real para la confianza en las instituciones, la integridad de los mercados y la tranquilidad de los ciudadanos”, remarcó.

Tal situación, agregó, exige jueces, juezas y servidores judiciales capacitados, marcos legales actualizados y herramientas técnicas adecuadas para comprender y valorar evidencia digital compleja.

“La justicia no puede permanecer ajena a esta transformación por lo que el Expediente Judicial Electrónico, las audiencias virtuales, la interoperabilidad y la digitalización de archivos han modernizado de manera significativa el servicio de justicia, mejorando la eficiencia y el acceso”, indicó.

Sin embargo, consideró que estos avances también ampliaron la exposición a riesgos cibernéticos, por lo que la transformación digital, si no está acompañada de sólidas políticas de seguridad de la información, puede convertirse en una vulnerabilidad.

“Cada base de datos judicial contiene información altamente sensible: datos personales, antecedentes penales, procesos de familia, información patrimonial y financiera, así como decisiones que impactan directamente en la vida de las personas”, dijo.

Por lo que, estimó que proteger esta información es un deber constitucional vinculado con la dignidad humana, el derecho a la intimidad y la protección de datos personales.

“La protección de datos dentro del ámbito judicial es una condición esencial del Estado de Derecho y cuando el Estado no custodia de manera adecuada la información que le ha sido confiada, no solo se produce un incidente tecnológico: se debilita la legitimidad institucional”, indicó.

Durante el referido evento, fue presentado el Centro de Formación en Ciberseguridad de la USIL (CFC), a la que Tello Gilardi fue invitada a formar parte de su consejo consultivo, distinción que fue recibida por su persona con especial honor y profundo sentido de responsabilidad.

El proyecto tiene como fin desarrollar competencias de gestión y técnicas para asegurar el futuro digital del país, a través de la articulación entre la academia, el Estado y la empresa.

Tello Gilardi saludó que el CFC plantee como pilares la especialización continua, la certificación de competencias, el desarrollo de capacidades operativas —como el análisis forense digital, la gestión de incidentes y la inteligencia de fuentes abiertas— y la articulación multisectorial.

“Solo mediante una articulación real y sostenida podremos cerrar la brecha técnica existente, fortalecer nuestras capacidades y formar talento altamente especializado al servicio del país”, expresó.

Debe destacarse al respecto que juezas y jueces serían capacitados a través del mencionado centro de formación que tiene como fin desarrollar competencias de gestión y técnicas para asegurar el futuro digital del país, a través de la articulación entre la academia, el Estado y la empresa.

“La ciberseguridad no puede limitarse a la reacción frente al delito ya consumado; debe consolidarse como una política preventiva, transversal y estratégica en todas las instituciones del Estado”, puntualizó la jueza suprema.