Corte Superior de la Libertad dispone detención preliminar de sujeto por el delito de extorsión

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, de la Corte Superior de La Libertad, dispuso la detención preliminar por el plazo de 72 horas contra Jhon Nureña Rojas.

Este investigado es señalado como presunto autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión, en grado de tentativa, en agravio de Frank Adrianzén Rodríguez.

La medida fue ordenada por la jueza Irene Cruzado Zapata, titular del mencionado despacho judicial, luego de evaluar el requerimiento presentado por el Ministerio Público.

Asimismo, el órgano jurisdiccional valoró los elementos de convicción reunidos durante las diligencias preliminares, los cuales permitieron establecer una vinculación razonable entre el investigado y los hechos materia de investigación.

Según la tesis fiscal, desde la mañana del 1 de febrero de 2026, el agraviado, representante de dos locales comerciales, comenzó a recibir mensajes intimidatorios a través de la aplicación WhatsApp, enviados desde un número desconocido.

En dichas comunicaciones se le exigía el pago de una suma de dinero bajo amenazas de atentar contra sus establecimientos comerciales y contra la vida de sus familiares.

Ante la negativa del empresario de acceder a las exigencias económicas, esa misma noche, aproximadamente a las 22:20 horas, el acusado habría dejado un artefacto explosivo en la fachada de uno de los locales de la víctima, en Trujillo.

Minutos después, se produjo la detonación del artefacto, lo que ocasionó daños materiales en el portón metálico de ingreso, en la estructura de la fachada y en las mesas y sillas ubicadas en el interior del establecimiento.

Asimismo, la onda expansiva causó daños en viviendas colindantes y provocó lesiones a un transeúnte, que resultó herido por el desprendimiento de vidrios de una ventana cercana.

Tras el atentado, personal policial de la comisaría de la urbanización El Alambre, acudió al lugar de los hechos para constatar los daños y recabar la información preliminar correspondiente.

Además, se recibió la declaración de la administradora del local, quien confirmó que el establecimiento era víctima de extorsiones y que otros locales del mismo grupo comercial habían sufrido ataques similares en días previos.

Como parte de las diligencias de investigación, la Policía Nacional Especializada logró identificar el número telefónico desde el cual se habrían enviado los mensajes extorsivos.

A través de información proporcionada por la plataforma WhatsApp Meta, se estableció que dicho número mantenía un contacto directo y recurrente con otro teléfono móvil, perteneciente a una persona cercana al investigado.

Durante la investigación, esta persona reconoció que el número extorsivo estaba registrado en su agenda de contactos bajo el nombre de “Jhon”, y señaló que correspondía a Jhon Nureña Rojas, con quien mantenía una relación personal.

El análisis del equipo celular permitió verificar conversaciones, registros de llamadas entrantes, salientes y perdidas, así como la vinculación del investigado con el número utilizado para las amenazas.

Asimismo, las diligencias incluyeron la visualización de redes sociales, como Instagram y Facebook, donde se corroboró la identidad del investigado y su relación con los elementos digitales analizados, lo que fortaleció la imputación fiscal.

El juzgado también tomó en cuenta la gravedad del delito imputado, el cual se encuentra sancionado con una pena privativa de libertad superior a los cuatro años, así como la existencia de peligro de fuga.

En ese sentido, se acreditó que el investigado intentó salir del país con destino a Chile el mismo día en que se solicitó la medida coercitiva, circunstancia que fue corroborada mediante reportes migratorios y de la Policía Nacional.

Para el órgano jurisdiccional, estos elementos evidencian un riesgo concreto de que el investigado eluda la acción de la justicia, lo que hacía necesaria la adopción de una medida restrictiva de derechos que permita asegurar su presencia y garantizar el normal desarrollo de las investigaciones.

En su resolución, la jueza señaló que la detención preliminar resulta necesaria y proporcional, al no existir otra medida menos gravosa que permita cumplir con los fines de la investigación, especialmente considerando la modalidad delictiva y el contexto de violencia empleado.

En consecuencia, el juzgado trujillano declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público y dispuso la inmediata ubicación y captura de Nureña Rojas, ordenando que la Policía Nacional ejecute el mandato judicial conforme a ley.

La detención preliminar tendrá una duración de 72 horas, plazo durante el cual el Ministerio Público continuará con las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y evaluar la eventual solicitud de una medida coercitiva de mayor duración.