Presidenta del Poder Judicial ratifica compromiso en lucha contra la corrupción y crimen organizado

Ante el avance de la criminalidad y el creciente clima de inseguridad que enfrenta el país, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, ratificó el compromiso institucional de luchar de manera frontal contra la corrupción y el crimen organizado, a fin de cerrar el paso a toda forma de impunidad.

“Estamos ante una colectividad en permanente zozobra, resultado trágico de la criminalidad desbordante que afecta a nuestro país, por lo que ratifico mi compromiso, porque nuestra respuesta a estos flagelos seguirá siendo decidida, firme y justa”, enfatizó.

Estas declaraciones las hizo tras inaugurar el “Taller de identificación de acciones jurisdiccionales frente al crimen organizado en locaciones portuarias”, dirigido a más de treinta magistradas y magistrados de las cortes del Callao, Huaura, Moquegua y Piura, así como de la Corte Superior Nacional Penal.

Tello Gilardi sostuvo que, si bien se registra un incremento del desarrollo económico en puertos como el de Chancay, el Callao, entre otras zonas portuarias, también se evidencia un aumento de los índices de criminalidad, lo que hace indispensable realizar estas actividades académicas especializadas.

“Teniendo en cuenta la naturaleza y el valor estratégico de los puertos, estos espacios enfrentan problemas vinculados al crimen organizado, como el narcotráfico, la extorsión y la trata de personas, a lo que se suma el contexto general de inseguridad ciudadana, haciendo que las zonas portuarias resulten especialmente vulnerables”, precisó.

Frente a esta realidad, destacó la necesidad de fortalecer la respuesta institucional del sistema de justicia, a fin de que las juezas y jueces que ejercen jurisdicción en zonas portuarias puedan identificar riesgos, adoptar criterios uniformes y aplicar herramientas jurídicas idóneas para enfrentar la criminalidad.

Esta actividad es organizada por la Oficina de Cooperación Técnica Internacional del Poder Judicial, a cargo Ramón Bahamonde Bachet, con el apoyo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (SAAL) de la Embajada de Estados Unidos de América en Lima.

“El apoyo de la cooperación estadounidense, a través del programa SAAL liderado por Robert MacInturff, ha contribuido a la capacitación en materias de proceso penal y extinción de dominio”, dijo, tras resaltar el apoyo de las diversas fuentes cooperantes que contribuyen a fortalecer capacidades, intercambiar experiencias y brindar asistencia técnica al Poder Judicial.

Así, recordó que este respaldo se ha reflejado, también, en la reciente implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente Suprema, así como en las cortes superiores de La Libertad, San Martín, Arequipa y Huancavelica.

Durante los dos días que duró esta actividad, se desarrollaron conferencias a cargo de ponentes nacionales e internacionales, así como mesas redondas, organizadas en tres grupos de trabajo, con el apoyo de facilitadores, a fin de debatir y profundizar diversos temas.

El primer día los temas tratados fueron: “Crimen organizado: tratamiento convencional en la legislación peruana y principales amenazas en el país”, “Rol de la Unidad de Inteligencia Financiera en la lucha contra la criminalidad organizada” y “La lucha contra el crimen organizado: herramientas y experiencia colombiana”.

En tanto, el segundo día fueron abordados los temas: “Principales problemas de criminalidad que enfrentan las ciudades portuarias: lavado de activos y sus modalidades. Experiencia internacional”, el “Rol de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria en la detección de crímenes en áreas portuarias” y la “Experiencia durante visitas a puertos en Europa”.

Entre las y los ponentes participantes estuvieron la criminóloga Lucía Muñovero Cisneros, la analista Ana Navas Bustamante y la experta colombiana Sara Salazar Landinez, así como el especialista internacional sobre lavado de activos, Jhon F. Tobón, y el titular de la Corte Nacional Especializada Penal, Hans Contreras Cuzcano.

En su exposición, Muñovero Cisneros reveló que el fenómeno de la delincuencia organizada evoluciona con bastante rapidez, principalmente en delitos como lavado de activos, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, entre otros, siendo este último el que cuenta con mayor número de intervenciones en los puertos.

Solo en los años 2018 al 2024 el 77 % de droga intervenida se registró en puertos, mientras que en carretera esta cifra llegó solo al 23 % restante, reveló la ponente al expresar su preocupación por el creciente número de actividades ilícitas que se registran.

A su turno, Salazar Landinez alertó que el narcotráfico marítimo se ha convertido en una amenaza latente para la seguridad, la economía y la reputación de América Latina como epicentro del comercio internacional.

Como ejemplo de ello mencionó que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 90 % de la cocaína mundial proviene de América del Sur, con el 70% transportado a través de rutas marítimas.

Por último, Tobón detalló que los principales problemas de criminalidad que enfrentan las ciudades portuarias son también a través del lavado de activos y sus modalidades para lo cual se utilizan empresas fantasmas o redes chinas de lavado de dinero, entre otras.