Plantean consolidar poderes judiciales para contrarrestar la amenaza de lawfare a democracias
Nota de prensaNo podemos permitir que el lawfare subordine poderes judiciales como lo hicieron dictaduras, afirmó jurista paraguayo.
26 de enero de 2026 - 2:07 p. m.
Ante la grave amenaza que constituye en Latinoamérica la instrumentalización del Derecho o lawfare, a las democracias y estados constitucionales, debe consolidarse la democracia estructural, funcional y teleológica de los poderes judiciales.
Así lo expresó el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay Víctor Ríos Ojeda al disertar sobre el lawfare, en el marco del Congreso Internacional de Cortes de Justicia: 200 años de los Poderes Judiciales en América Latina, que inauguró la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.
El jurista definió este mecanismo como la utilización inconstitucional e inconvencional del derecho y del proceso judicial, para obtener fines extrajudiciales, condenando con justificación mediática.
“El lawfare pone en cuestión no solamente la independencia de los poderes judiciales, sino se trata de un grave peligro para nuestras democracias y, consecuentemente, para nuestros Estados Constitucionales”, indicó.
“Esta actuación tiene claramente fines extrajudiciales, que normalmente es impulsado por poderes antidemocráticos o poco democráticos; pueden ser los poderes económicos nacionales, nacionales, poderes mediáticos, inclusive servicios de inteligencia tanto nacionales e internacionales”, sostuvo.
El magistrado resaltó, que este procedimiento es una nueva modalidad de guerra denominada híbrida, de baja intensidad o asimétrica y multidimensional que ejecutan los países hegemónicos contra aquellos que pongan en peligro sus intereses públicos o privados.
"Tiene mucha fuerza desde la década del ochenta en Latinoamérica, jurisdicción que tiene su propia dimensión geopolítica, sobre todo impulsado por los intereses en nuestra región por parte de las super potencias”, afirmó.
NINGÚN PAÍS EXENTO
Asimismo, consideró que ningún país de América Latina, incluido el Perú, ha estado exento de casos de lawfare, que tiene como elementos la indignación social provocada a través de la guerra psicológica.
De igual forma, la intensa y sistemática campaña de las grandes empresas mediáticas que, si hace falta, recurren a las fake news, con apoyo de diversos sectores, incluso, de servicios de inteligencias nacionales; además, procesos judiciales mediatizados que en realidad son crónicas de condenas anunciadas.
Ríos Ojeda planteó para poder contrarrestar en alguna medida ello, que los poderes judiciales consoliden su dimensión democrática, siendo más participativos y comunicar las resoluciones judiciales con un lenguaje claro y no sean estas hiper extensas y engorrosas.
“No podemos permitir que el lawfare termine sojuzgando, subordinando a nuestros poderes judiciales como hicieron las distintas dictaduras militares en nuestro continente, con muy pocas, heroicas y honrosas excepciones de magistrados que se negaron a legalizar dichas dictaduras”, remarcó.
El jurista postuló, además, incorporar, como tarea del control de constitucionalidad y de convencionalidad, rigurosos controles epistémicos del razonamiento probatorio que sustenten las resoluciones judiciales.
Además, crear mecanismos permanentes de control de errores judiciales con los/as ciudadanos/as, sin necesidad de modificar los procedimientos de revisión vigentes en los ordenamientos jurídicos.
“Es nuestra obligación ética y tarea epistémica combatir el lawfare para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos y todas en nuestra querida América Latina”, remarcó el magistrado paraguayo.
ÉTICA JUDICIAL DEL XXI
A su turno, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Manuel Valderrama Rebolledo, abordó “Ética judicial en el siglo XXI”, en que hace mención de que Chile implementó un código de ética que fija parámetros de la conducta de las y los jueces en el uso de redes sociales.
“El juez tiene que actuar con prudencia y puede ser sancionado de infligir el código, porque la imparcialidad del juez tiene que ser a toda prueba, no puede dar opiniones no puede publicar sobre casos que conoce y los que aún no conoce, además, el juez no puede manifestar un prejuzgamiento”, señaló.
Valderrama Rebolledo consideró que el desafío de los poderes judiciales de Iberoamérica es acompañar los códigos de ética con políticas públicas judiciales de comunicación, que equilibren la transparencia de los jueces con la reserva que la función jurisdiccional requiere para operar con imparcialidad.
“Políticas que protejan la independencia del juez sin aislarlo del mundo, políticas que reconozcan que la legitimidad del Poder Judicial no se construye solo con buenas sentencias, sino también con una relación de confianza con la ciudadanía que solo surgirá de una comunicación prudente pero efectiva”, dijo.
Cabe señalar que la titular del Poder Judicial del Perú y cuatro titulares de poderes judiciales de Latinoamérica suscribieron la Declaración de Lima, en el referido certamen al que asistieron también representantes de diez poderes judiciales en América Latina, como ponentes de España, Italia y Francia, entre otros.
Lima, 26 de enero de 2026
Así lo expresó el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay Víctor Ríos Ojeda al disertar sobre el lawfare, en el marco del Congreso Internacional de Cortes de Justicia: 200 años de los Poderes Judiciales en América Latina, que inauguró la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.
El jurista definió este mecanismo como la utilización inconstitucional e inconvencional del derecho y del proceso judicial, para obtener fines extrajudiciales, condenando con justificación mediática.
“El lawfare pone en cuestión no solamente la independencia de los poderes judiciales, sino se trata de un grave peligro para nuestras democracias y, consecuentemente, para nuestros Estados Constitucionales”, indicó.
“Esta actuación tiene claramente fines extrajudiciales, que normalmente es impulsado por poderes antidemocráticos o poco democráticos; pueden ser los poderes económicos nacionales, nacionales, poderes mediáticos, inclusive servicios de inteligencia tanto nacionales e internacionales”, sostuvo.
El magistrado resaltó, que este procedimiento es una nueva modalidad de guerra denominada híbrida, de baja intensidad o asimétrica y multidimensional que ejecutan los países hegemónicos contra aquellos que pongan en peligro sus intereses públicos o privados.
"Tiene mucha fuerza desde la década del ochenta en Latinoamérica, jurisdicción que tiene su propia dimensión geopolítica, sobre todo impulsado por los intereses en nuestra región por parte de las super potencias”, afirmó.
NINGÚN PAÍS EXENTO
Asimismo, consideró que ningún país de América Latina, incluido el Perú, ha estado exento de casos de lawfare, que tiene como elementos la indignación social provocada a través de la guerra psicológica.
De igual forma, la intensa y sistemática campaña de las grandes empresas mediáticas que, si hace falta, recurren a las fake news, con apoyo de diversos sectores, incluso, de servicios de inteligencias nacionales; además, procesos judiciales mediatizados que en realidad son crónicas de condenas anunciadas.
Ríos Ojeda planteó para poder contrarrestar en alguna medida ello, que los poderes judiciales consoliden su dimensión democrática, siendo más participativos y comunicar las resoluciones judiciales con un lenguaje claro y no sean estas hiper extensas y engorrosas.
“No podemos permitir que el lawfare termine sojuzgando, subordinando a nuestros poderes judiciales como hicieron las distintas dictaduras militares en nuestro continente, con muy pocas, heroicas y honrosas excepciones de magistrados que se negaron a legalizar dichas dictaduras”, remarcó.
El jurista postuló, además, incorporar, como tarea del control de constitucionalidad y de convencionalidad, rigurosos controles epistémicos del razonamiento probatorio que sustenten las resoluciones judiciales.
Además, crear mecanismos permanentes de control de errores judiciales con los/as ciudadanos/as, sin necesidad de modificar los procedimientos de revisión vigentes en los ordenamientos jurídicos.
“Es nuestra obligación ética y tarea epistémica combatir el lawfare para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos y todas en nuestra querida América Latina”, remarcó el magistrado paraguayo.
ÉTICA JUDICIAL DEL XXI
A su turno, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Manuel Valderrama Rebolledo, abordó “Ética judicial en el siglo XXI”, en que hace mención de que Chile implementó un código de ética que fija parámetros de la conducta de las y los jueces en el uso de redes sociales.
“El juez tiene que actuar con prudencia y puede ser sancionado de infligir el código, porque la imparcialidad del juez tiene que ser a toda prueba, no puede dar opiniones no puede publicar sobre casos que conoce y los que aún no conoce, además, el juez no puede manifestar un prejuzgamiento”, señaló.
Valderrama Rebolledo consideró que el desafío de los poderes judiciales de Iberoamérica es acompañar los códigos de ética con políticas públicas judiciales de comunicación, que equilibren la transparencia de los jueces con la reserva que la función jurisdiccional requiere para operar con imparcialidad.
“Políticas que protejan la independencia del juez sin aislarlo del mundo, políticas que reconozcan que la legitimidad del Poder Judicial no se construye solo con buenas sentencias, sino también con una relación de confianza con la ciudadanía que solo surgirá de una comunicación prudente pero efectiva”, dijo.
Cabe señalar que la titular del Poder Judicial del Perú y cuatro titulares de poderes judiciales de Latinoamérica suscribieron la Declaración de Lima, en el referido certamen al que asistieron también representantes de diez poderes judiciales en América Latina, como ponentes de España, Italia y Francia, entre otros.
Lima, 26 de enero de 2026