En sentencia histórica juzgado condena con 17 años a tres policías por tortura y abuso sexual contra Azul Rojas
Nota de prensaTras realización de nuevo juicio en cumplimiento a mandato de la CorteIDH en favor de integrante de la comunidad LGTBIQ+.
16 de diciembre de 2025 - 12:51 p. m.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 17 años de prisión efectiva a tres integrantes de la Policía Nacional del Perú por los delitos de tortura agravada y abuso sexual, en agravio de la ciudadana trans de iniciales L.A.R.M., identificada en la actualidad como Azul Rojas Marín.
Se trata de los efectivos policiales Dino Horacio Ponce Pardo, Luis Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero, quienes deberán cumplir con el pago de una reparación civil ascendente a S/ 150 mil.
Asimismo, el órgano jurisdiccional dispuso la ubicación y captura de los tres sentenciados, que, además, no podrán ejercer la función policial ni desempeñar cargos de elección popular.
Este juzgado colegiado estuvo conformado por la jueza Nayko Coronado Salazar, quien lo preside, e integrado por los magistrados Max Vengoa Valdiglesias y Wilmer Quispe Umasi.
NUEVO JUICIO
La lectura de la sentencia forma parte del nuevo juicio, que empezó en enero pasado, tras cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra el Estado peruano, que dispuso juzgar a los responsables de los hechos de violencia contra Azul Rojas.
Según la Sentencia Azul Rojas versus Perú, este organismo supranacional ordenó promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos de tortura, así como publicar la sentencia y su resumen oficial.
Como se sabe, el 25 de febrero de 2008, en el distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, región La Libertad, la referida víctima fue intervenida por efectivos policiales mientras se trasladaba a su vivienda, para luego ser golpeada y agredida sexualmente en la comisaría.
Azul Rojas Marín, quien nació el 30 de noviembre de 1981, al momento de su detención se identificaba como hombre gay, aunque actualmente se identifica como mujer.
El 6 de abril de 2020 la Corte IDH emitió un fallo que, por primera vez, culpa a un Estado por violación de derechos y tortura a una víctima de la comunidad LGBTI, sentencia emblemática que puso al país como un drástico ejemplo para Latinoamérica.
En su sentencia, esta corte reiteró que las personas de la referida población vulnerable han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales.
También señaló que la orientación sexual, la identidad de género o expresión de género de una persona son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos.
DISCULPAS PÚBLICAS
Como se recuerda, el 4 noviembre del 2022, el Estado Peruano reconoció en un acto público su responsabilidad internacional por la afectación de derechos humanos de Azul Rojas y su madre, Juana Rosa Tanta Marín.
En la referida ceremonia, realizada en el Auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estuvo presente la actual titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, entonces como presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad.
Lima, 16 de diciembre de 2025
Se trata de los efectivos policiales Dino Horacio Ponce Pardo, Luis Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero, quienes deberán cumplir con el pago de una reparación civil ascendente a S/ 150 mil.
Asimismo, el órgano jurisdiccional dispuso la ubicación y captura de los tres sentenciados, que, además, no podrán ejercer la función policial ni desempeñar cargos de elección popular.
Este juzgado colegiado estuvo conformado por la jueza Nayko Coronado Salazar, quien lo preside, e integrado por los magistrados Max Vengoa Valdiglesias y Wilmer Quispe Umasi.
NUEVO JUICIO
La lectura de la sentencia forma parte del nuevo juicio, que empezó en enero pasado, tras cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra el Estado peruano, que dispuso juzgar a los responsables de los hechos de violencia contra Azul Rojas.
Según la Sentencia Azul Rojas versus Perú, este organismo supranacional ordenó promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos de tortura, así como publicar la sentencia y su resumen oficial.
Como se sabe, el 25 de febrero de 2008, en el distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, región La Libertad, la referida víctima fue intervenida por efectivos policiales mientras se trasladaba a su vivienda, para luego ser golpeada y agredida sexualmente en la comisaría.
Azul Rojas Marín, quien nació el 30 de noviembre de 1981, al momento de su detención se identificaba como hombre gay, aunque actualmente se identifica como mujer.
El 6 de abril de 2020 la Corte IDH emitió un fallo que, por primera vez, culpa a un Estado por violación de derechos y tortura a una víctima de la comunidad LGBTI, sentencia emblemática que puso al país como un drástico ejemplo para Latinoamérica.
En su sentencia, esta corte reiteró que las personas de la referida población vulnerable han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales.
También señaló que la orientación sexual, la identidad de género o expresión de género de una persona son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos.
DISCULPAS PÚBLICAS
Como se recuerda, el 4 noviembre del 2022, el Estado Peruano reconoció en un acto público su responsabilidad internacional por la afectación de derechos humanos de Azul Rojas y su madre, Juana Rosa Tanta Marín.
En la referida ceremonia, realizada en el Auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estuvo presente la actual titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, entonces como presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad.
Lima, 16 de diciembre de 2025