Corte de Arequipa verifica in situ que se cumplan penas convertidas en servicios a la comunidad
Nota de prensaMedida busca garantizar estricta ejecución de decisiones judiciales y resarcimiento del daño causado a la sociedad.
30 de noviembre de 2025 - 8:06 a. m.
Para garantizar el estricto cumplimiento de la medida, la Corte de Arequipa realizó visitas inopinadas a entidades que, por resolución judicial, fueron receptoras de personas sentenciadas con prestación de servicios a la comunidad.
Estas diligencias, lideradas por el juez decano de Flagrancia Delictiva, Wálter Marroquín Aranzamendi, y el presidente de la referida, Nicolás Iscarra Pongo, permitió detectar deficiencias en la realización de las referidas conversiones de penas.
De acuerdo con la normativa, juezas y jueces están facultados para convertir una pena privativa de libertad a prestación de servicios a la comunidad, para de esta manera favorecer la reintegración social de las personas condenadas.
Asimismo, según el Código Penal, si un condenado incumple de manera injustificada con pagar la multa o la prestación del servicio asignado a la jornada de limitación de días libres, la conversión será revocada, debiendo ejecutarse la pena privativa de libertad fijada en la sentencia.
Así, la comitiva de la Unidad de Flagrancia Delictiva, en coordinación con funcionarios del programa ‘Medio Libre’, del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), inspeccionó los puntos de trabajo asignados en las municipalidades de Cayma, Alto Selva Alegre, Miraflores y Mariano Melgar.
CONTROL DEFICIENTE
La supervisión “in situ” permitió constatar que solo en la Municipalidad de Alto Selva Alegre se encontraban sentenciados ejecutando labores de limpieza de áreas verdes.
Sin embargo, la delegación advirtió un sistema de control deficiente que impide contar con un registro preciso de horas trabajadas y asistencia, deficiencia que podría encontrar justificación en la sobrecarga laboral que tienen las únicas dos funcionarias del Inpe responsables de controlar a más de 5 mil sentenciados.
En tanto que, en las municipalidades de Cayma, Miraflores y Mariano Melgar, no pudo ubicarse a los sentenciados que debían estar realizando sus actividades, lo que evidencia brechas de supervisión del personal del Inpe y constituye un incumplimiento de mandatos judiciales.
Ante estas irregularidades, la coordinación de la Unidad de Flagrancia solicitará informes escritos al programa de Medio Libre, a fin de que el Ministerio Público actúe conforme a sus atribuciones y evalúe la revocatoria de las penas convertidas por penas efectivas, como lo establece la ley.
Finalmente, Iscarra Pongo reafirmó que estas acciones de control se realizarán de manera permanente en la jurisdicción, a fin de asegurar el estricto cumplimiento de las decisiones judiciales y el principio de resarcimiento del daño causado a la sociedad.
Arequipa, 30 de noviembre de 2025
Estas diligencias, lideradas por el juez decano de Flagrancia Delictiva, Wálter Marroquín Aranzamendi, y el presidente de la referida, Nicolás Iscarra Pongo, permitió detectar deficiencias en la realización de las referidas conversiones de penas.
De acuerdo con la normativa, juezas y jueces están facultados para convertir una pena privativa de libertad a prestación de servicios a la comunidad, para de esta manera favorecer la reintegración social de las personas condenadas.
Asimismo, según el Código Penal, si un condenado incumple de manera injustificada con pagar la multa o la prestación del servicio asignado a la jornada de limitación de días libres, la conversión será revocada, debiendo ejecutarse la pena privativa de libertad fijada en la sentencia.
Así, la comitiva de la Unidad de Flagrancia Delictiva, en coordinación con funcionarios del programa ‘Medio Libre’, del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), inspeccionó los puntos de trabajo asignados en las municipalidades de Cayma, Alto Selva Alegre, Miraflores y Mariano Melgar.
CONTROL DEFICIENTE
La supervisión “in situ” permitió constatar que solo en la Municipalidad de Alto Selva Alegre se encontraban sentenciados ejecutando labores de limpieza de áreas verdes.
Sin embargo, la delegación advirtió un sistema de control deficiente que impide contar con un registro preciso de horas trabajadas y asistencia, deficiencia que podría encontrar justificación en la sobrecarga laboral que tienen las únicas dos funcionarias del Inpe responsables de controlar a más de 5 mil sentenciados.
En tanto que, en las municipalidades de Cayma, Miraflores y Mariano Melgar, no pudo ubicarse a los sentenciados que debían estar realizando sus actividades, lo que evidencia brechas de supervisión del personal del Inpe y constituye un incumplimiento de mandatos judiciales.
Ante estas irregularidades, la coordinación de la Unidad de Flagrancia solicitará informes escritos al programa de Medio Libre, a fin de que el Ministerio Público actúe conforme a sus atribuciones y evalúe la revocatoria de las penas convertidas por penas efectivas, como lo establece la ley.
Finalmente, Iscarra Pongo reafirmó que estas acciones de control se realizarán de manera permanente en la jurisdicción, a fin de asegurar el estricto cumplimiento de las decisiones judiciales y el principio de resarcimiento del daño causado a la sociedad.
Arequipa, 30 de noviembre de 2025