Alertan que criminalidad organizada constituye un poder fáctico influyente que puede afectar próximas elecciones
Nota de prensaJuez supremo Víctor Prado Saldarriaga señala que incidencia delictiva ejerce impacto a nivel político, jurídico y judicial.
11 de noviembre de 2025 - 11:56 a. m.
El juez supremo titular y presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Prado Saldarriaga, expresó que la criminalidad organizada ya es un poder fáctico influyente y puede afectar el próximo proceso electoral en el país.
Así lo señaló en su exposición sobre criminalidad organizada en el Perú, impactos y desafíos, realizada durante el XIV Congreso Nacional de Jueces, realizado recientemente en Tacna.
El magistrado sostuvo que el avance de la criminalidad organizada en nuestro país ha producido impactos en la población, en los gobernantes y en los jueces y juezas, a nivel político, sicosocial, jurídico y judicial.
“En lo político, la criminalidad organizada ya es un poder fáctico influyente y puede afectar el próximo proceso electoral en el país”, alertó.
Asimismo, expresó que, en lo sicosocial, hay una desconfianza generalizada de la población en la capacidad del Estado para controlar, mitigar o, tal vez, revertir la situación existente.
“(También) hay un impacto jurídico, hemos visto renacer el autoritarismo y el populismo penal, todo lo queremos resolver con la misma receta, esa es la percepción de todos los estamentos”, subrayó.
Prado Saldarriaga recordó que cuando era estudiante de Derecho, se hablaba de garantismo, de la resocialización del delincuente y otros temas más propios del modelo político de la época.
“Hoy, las cosas han cambiado, hablamos de un modelo de política criminal anticipativo, que ya no va a perseguir delitos, sino riesgos de delitos, y donde la criminalidad organizada es la justificación de todo ese proceso político”, explicó.
DERECHO PENAL AUTORITARIO
Señaló que, actualmente, en el ámbito jurídico se produce un derecho penal más autoritario, un sistema punitivo menos democrático, así como el ocaso de los valores liberales.
“Pero hay un dato nuevo: el avance de la criminalidad organizada está llevando a los Estados a señalar que las organizaciones criminales de este tipo deben ser consideradas como grupos terroristas”, añadió.
Como evidencia de ello, Prado Saldarriaga mostró un plan de gobierno suscrito por seis organizaciones políticas que participarán en el próximo proceso electoral en el país, con sus propuestas de cambios normativos, según dijo, propias del “penalismo populista”.
ACCIONES INMEDIATAS
Frente a este panorama, el magistrado planteó quitar poder a las organizaciones criminales, para lo cual se debe contar con los instrumentos legales, y poder enfrentar el nuevo rostro del lavado de activos: las criptomonedas.
Al respecto anunció que presentará un proyecto de ley ante la Sala Plena de la Corte Suprema para criminalizar el lavado de las ganancias de la criminalidad organizada con el empleo de criptomonedas.
Además, propuso penalizar un nuevo delito denominado “conspiración criminal” teniendo en cuenta que ahora las cárceles se han convertido en escenario de coordinaciones de la criminalidad.
“La conspiración criminal no es hacer un delito, es conspirar para realizarlo en el futuro, y debe considerar dos agravantes: la intervención del funcionario público en esos actos conspirativos y su ejecución en los centros carcelarios”, subrayó.
Asimismo, planteó que el propio Poder Judicial revise sus acuerdos plenarios sobre criminalidad organizada, y que las personas intervenidas por estos delitos graves se tramiten en las unidades de flagrancia.
“Esto supone cambiar las normas procesales, pues demos una ley señalando que quien es detenido en flagrancia no podrá tener orden de comparecencia y que no accederá a una suspensión de ejecución de la pena”, anotó.
También propuso dar a conocer cada mes las drásticas condenas, hasta de cadena perpetua, que imponen los órganos jurisdiccionales, lo que permitirá cambiar la percepción ciudadana sobre el Poder Judicial.
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
En este panel, también intervino el docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Gorki Gonzales Mantilla, quien señaló que el fenómeno del crimen organizado, el sicariato, la extorsión y otros, no es un proceso de ahora, sino que viene de hace muchos años.
El especialista señaló que está comprobado que estos grupos delincuenciales actúan con algún tipo de vinculación institucional con el mundo formal, con el Estado.
“Eso lo podemos ver con claridad en este proceso de regresión o degradación institucional, constitucional que se ha generado en el Congreso en los últimos años, que permiten detectar la vinculación muy consistente entre las economías ilegales y algunas instituciones del mundo formal”, señaló.
Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, Ronald Cárdenas Krenz, destacó la importancia de trabajar por una justicia más accesible y cercana a la ciudadanía.
Sostuvo que toda reforma que se haga en el sistema de justicia, sea desde afuera o desde adentro de la institución, debe realizarse con la participación de los jueces y juezas.
Por ello, expresó que es importante que el Poder Judicial presente sus planteamientos ante la Comisión Multipartidaria del Congreso que está elaborando una propuesta de reforma para que los tome en cuenta.
“Frente a la criminalidad organizada hay que organizarnos todos como sociedad, no solo hay que dejarle al Gobierno, los jueces, abogados, la lucha no es fácil, es compleja”, indicó.
ACTOR PARALELO
En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Roberto de la Torre Aguayo, sostuvo que el crimen organizado se ha convertido en un actor económico paralelo capaz de distorsionar los mercados, impactar en los costos operativos de las empresas, desplazar a la economía formal y socavar el clima de inversión.
Señaló que el crimen organizado y las economías ilegales se nutren de la desigualdad, la impunidad y la debilidad institucional, por lo que para enfrentarlas se necesita fortalecer el Estado de derecho.
Ante esta situación, el empresario expresó que el Poder Judicial se erige como la piedra angular del Estado de derecho, porque en sus salas es donde se define si el delito se combate con firmeza o si se normaliza la impunidad.
“Hoy más que nunca el país necesita un Poder Judicial independiente, predecible y comprometido con la defensa de la legalidad de la justicia, (…) necesita jueces valientes e íntegros, instituciones sólidas”, añadió.
MINERÍA ILEGAL
Por su parte, el presidente del Comité Legal Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Augusto Navarro Coquis, señaló que una de las mayores preocupaciones del sector formal minero es el crecimiento descontrolado de la minería ilegal.
“Es una actividad delictiva preponderante en el país, se está terminando un estudio estadístico que estima que actualmente el desarrollo de la minería ilegal ha generado 4 mil 600 millones de dólares, que no tributan y perjudican el patrimonio de los peruanos”, reveló.
Finalmente, el integrante del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, Diego Macera Poli, comentó la aprobación por el Congreso de casi 230 normas, de las cuales unas 190 incrementan el gasto y otras que impiden captar recursos que permiten invertir en los servicios públicos.
Tacna, 11 de noviembre de 2025
Así lo señaló en su exposición sobre criminalidad organizada en el Perú, impactos y desafíos, realizada durante el XIV Congreso Nacional de Jueces, realizado recientemente en Tacna.
El magistrado sostuvo que el avance de la criminalidad organizada en nuestro país ha producido impactos en la población, en los gobernantes y en los jueces y juezas, a nivel político, sicosocial, jurídico y judicial.
“En lo político, la criminalidad organizada ya es un poder fáctico influyente y puede afectar el próximo proceso electoral en el país”, alertó.
Asimismo, expresó que, en lo sicosocial, hay una desconfianza generalizada de la población en la capacidad del Estado para controlar, mitigar o, tal vez, revertir la situación existente.
“(También) hay un impacto jurídico, hemos visto renacer el autoritarismo y el populismo penal, todo lo queremos resolver con la misma receta, esa es la percepción de todos los estamentos”, subrayó.
Prado Saldarriaga recordó que cuando era estudiante de Derecho, se hablaba de garantismo, de la resocialización del delincuente y otros temas más propios del modelo político de la época.
“Hoy, las cosas han cambiado, hablamos de un modelo de política criminal anticipativo, que ya no va a perseguir delitos, sino riesgos de delitos, y donde la criminalidad organizada es la justificación de todo ese proceso político”, explicó.
DERECHO PENAL AUTORITARIO
Señaló que, actualmente, en el ámbito jurídico se produce un derecho penal más autoritario, un sistema punitivo menos democrático, así como el ocaso de los valores liberales.
“Pero hay un dato nuevo: el avance de la criminalidad organizada está llevando a los Estados a señalar que las organizaciones criminales de este tipo deben ser consideradas como grupos terroristas”, añadió.
Como evidencia de ello, Prado Saldarriaga mostró un plan de gobierno suscrito por seis organizaciones políticas que participarán en el próximo proceso electoral en el país, con sus propuestas de cambios normativos, según dijo, propias del “penalismo populista”.
ACCIONES INMEDIATAS
Frente a este panorama, el magistrado planteó quitar poder a las organizaciones criminales, para lo cual se debe contar con los instrumentos legales, y poder enfrentar el nuevo rostro del lavado de activos: las criptomonedas.
Al respecto anunció que presentará un proyecto de ley ante la Sala Plena de la Corte Suprema para criminalizar el lavado de las ganancias de la criminalidad organizada con el empleo de criptomonedas.
Además, propuso penalizar un nuevo delito denominado “conspiración criminal” teniendo en cuenta que ahora las cárceles se han convertido en escenario de coordinaciones de la criminalidad.
“La conspiración criminal no es hacer un delito, es conspirar para realizarlo en el futuro, y debe considerar dos agravantes: la intervención del funcionario público en esos actos conspirativos y su ejecución en los centros carcelarios”, subrayó.
Asimismo, planteó que el propio Poder Judicial revise sus acuerdos plenarios sobre criminalidad organizada, y que las personas intervenidas por estos delitos graves se tramiten en las unidades de flagrancia.
“Esto supone cambiar las normas procesales, pues demos una ley señalando que quien es detenido en flagrancia no podrá tener orden de comparecencia y que no accederá a una suspensión de ejecución de la pena”, anotó.
También propuso dar a conocer cada mes las drásticas condenas, hasta de cadena perpetua, que imponen los órganos jurisdiccionales, lo que permitirá cambiar la percepción ciudadana sobre el Poder Judicial.
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
En este panel, también intervino el docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Gorki Gonzales Mantilla, quien señaló que el fenómeno del crimen organizado, el sicariato, la extorsión y otros, no es un proceso de ahora, sino que viene de hace muchos años.
El especialista señaló que está comprobado que estos grupos delincuenciales actúan con algún tipo de vinculación institucional con el mundo formal, con el Estado.
“Eso lo podemos ver con claridad en este proceso de regresión o degradación institucional, constitucional que se ha generado en el Congreso en los últimos años, que permiten detectar la vinculación muy consistente entre las economías ilegales y algunas instituciones del mundo formal”, señaló.
Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, Ronald Cárdenas Krenz, destacó la importancia de trabajar por una justicia más accesible y cercana a la ciudadanía.
Sostuvo que toda reforma que se haga en el sistema de justicia, sea desde afuera o desde adentro de la institución, debe realizarse con la participación de los jueces y juezas.
Por ello, expresó que es importante que el Poder Judicial presente sus planteamientos ante la Comisión Multipartidaria del Congreso que está elaborando una propuesta de reforma para que los tome en cuenta.
“Frente a la criminalidad organizada hay que organizarnos todos como sociedad, no solo hay que dejarle al Gobierno, los jueces, abogados, la lucha no es fácil, es compleja”, indicó.
ACTOR PARALELO
En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Roberto de la Torre Aguayo, sostuvo que el crimen organizado se ha convertido en un actor económico paralelo capaz de distorsionar los mercados, impactar en los costos operativos de las empresas, desplazar a la economía formal y socavar el clima de inversión.
Señaló que el crimen organizado y las economías ilegales se nutren de la desigualdad, la impunidad y la debilidad institucional, por lo que para enfrentarlas se necesita fortalecer el Estado de derecho.
Ante esta situación, el empresario expresó que el Poder Judicial se erige como la piedra angular del Estado de derecho, porque en sus salas es donde se define si el delito se combate con firmeza o si se normaliza la impunidad.
“Hoy más que nunca el país necesita un Poder Judicial independiente, predecible y comprometido con la defensa de la legalidad de la justicia, (…) necesita jueces valientes e íntegros, instituciones sólidas”, añadió.
MINERÍA ILEGAL
Por su parte, el presidente del Comité Legal Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Augusto Navarro Coquis, señaló que una de las mayores preocupaciones del sector formal minero es el crecimiento descontrolado de la minería ilegal.
“Es una actividad delictiva preponderante en el país, se está terminando un estudio estadístico que estima que actualmente el desarrollo de la minería ilegal ha generado 4 mil 600 millones de dólares, que no tributan y perjudican el patrimonio de los peruanos”, reveló.
Finalmente, el integrante del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, Diego Macera Poli, comentó la aprobación por el Congreso de casi 230 normas, de las cuales unas 190 incrementan el gasto y otras que impiden captar recursos que permiten invertir en los servicios públicos.
Tacna, 11 de noviembre de 2025