Prescripción adquisitiva de dominio es una vía legítima para formalización y acceso a la propiedad de inmuebles

Nota de prensa
Así lo sostuvo durante XI Pleno Casatorio Civil realizado en Palacio Nacional de Justicia
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30 de octubre de 2025 - 8:56 a. m.

La presidenta de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Ana María Aranda Rodríguez, expresó que la figura jurídica de la prescripción adquisitiva de dominio representa una vía legítima para la formalización y el acceso a la propiedad inmobiliaria.

Señaló que, en un país, como el Perú, donde la informalidad en la tenencia de bienes inmuebles es una realidad, la prescripción adquisitiva de dominio puede hacer realidad la función social de la propiedad, contribuyendo así al desarrollo económico y social de las comunidades.

Así lo sostuvo durante la audiencia del XI Pleno Casatorio Civil convocada para establecer precedente judicial vinculante en esta materia, con la participación, además, de las juezas y jueces de Sala Civil Transitoria, y de especialistas en calidad de amicus curiae (amigos de la Corte).

“Nuestro propósito es que a través de este pleno casatorio se cristalice valores fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional como son la seguridad jurídica, la función social de la propiedad y la protección del derecho de propiedad mismo”, explicó Aranda Rodríguez.

INTERPRETACIONES DIVERGENTES

La magistrada señaló que la jurisprudencia ha demostrado que existen interpretaciones divergentes sobre esta figura jurídica que no solo afecta a la predictibilidad que los justiciables esperan del sistema judicial, sino que también vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Añadió que esta disparidad de criterios causa, además, el incremento de la litigiosidad, se debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia y genera incertidumbre en un área tan sensible para el desarrollo económico y social, como es el derecho de propiedad inmobiliaria.

“El precedente que empezamos a construir será tomado en cuenta en las decisiones de miles de jueces de todo el país, y tendrá repercusión en la vida de los ciudadanos que buscan consolidar su derecho a la propiedad”, acotó.

La prescripción adquisitiva de dominio es un mecanismo que convierte en propietario, por el paso del tiempo (diez años), a una persona que ocupa de manera pacífica y sin controversias, un inmueble, paga sus impuestos, tiene los servicios básicos a su nombre, es decir, se comporta como el dueño sin serlo.

El caso que generó la convocatoria de este pleno casatorio fue un recurso de casación en un proceso judicial que enfrentó a la Municipalidad Provincial del Santa con una empresa privada.

Los magistrados/as de las dos salas, primero, escucharon los informes de ambas partes procesales, la abogada Margarita Pinedo Orué y Julio Pozo Sánchez, respectivamente.

AMICUS CURIAE

Luego expusieron sus posturas doctrinarias los amicus curiae Moisés Alata Solís, Francisco Avendaño Arana, José Felisandro Mas Camus, Mario Solís Córdova y Alan Augusto Pasco Arauco.

Posteriormente, Aranda Rodríguez, la jueza suprema titular Emilia Bustamante Oyague, el juez supremo titular y presidente de la Sala Civil Transitoria, Carlos Arias Lazarte, hicieron preguntas al representante legal de la empresa demandante.

También formularon cuestiones a los abogados de las partes procesales, las magistradas supremas Rosa María Ubillús Fortini, Rita Valencia Dongo Cárdenas, y el juez supremo Henry Huerta Sáenz.

En el cierre de la audiencia, el magistrado Arias Lazarte señaló que la justicia se engrandece cuando el derecho se interpreta con equidad e integridad, y reiteró el compromiso de las juezas y jueces con una justicia de mejor calidad para la nación.

Cabe indicar que, la Sala Civil Permanente la preside Aranda Rodríguez y la integran los jueces y juezas César Proaño Cueva, Rosa María Ubillús Fortini, Rita Valencia Dongo Cárdenas y Olegario Florián Vigo.

En tanto, la Sala Civil Transitoria está presidida por Arias Lazarte, y la conforman la jueza suprema titular Emilia Bustamante Oyague, las magistradas Carmen Cabello Matamala y Rosa Juárez Ticona, y el juez supremo Henry Huerta Sáenz.

Lima, 30 de octubre de 2025