Resulta necesario mejorar estándares fiables para usar la inteligencia artificial en los procesos penales

Nota de prensa
Magistrado participó en Brasil en conferencia birregional sobre este sistema inteligente y su relación con la ciberdelincuencia.
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14 de octubre de 2025 - 9:50 a. m.

Desde Brasil el presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, Víctor Prado Saldarriaga, sostuvo que los procesos penales requieren de estándares más fiables y transparentes en el empleo de la Inteligencia artificial (IA) para la toma de las decisiones judiciales.

“Considero que la IA como apoyo a la toma de decisiones de la judicatura penal todavía requiere mejorar sus estándares para servir de manera más fiable, consistente y transparente a la labor de los jueces en un proceso penal concreto”, señaló el magistrado.

En tal sentido, sostuvo que, en la actualidad, debe descartarse el uso de la IA para la sustentación de sentencias penales o resoluciones que impongan medidas coercitivas que afectan la libertad de los procesados.

Así lo expresó durante su intervención en la Segunda Conferencia Birregional sobre Inteligencia Artificial y Delincuencia: impulsando innovación en la lucha contra el crimen organizado, realizado en Río de Janeiro, Brasil.

Prado Saldarriaga participó en el panel “La inteligencia artificial en la magistratura y la judicatura: herramientas y desafíos” conjuntamente con ponentes de Francia, España y Brasil.

“Acercándonos a una década de los inicios del proceso de desarrollar, implementar y usar IA en la toma de decisiones judiciales penales, el balance de estas experiencias no ha sido positivo”, refirió.

Por el contrario, sostuvo que diferentes estudios empíricos realizados en Europa y Latinoamérica sobre estas experiencias han coincidido en detectar que, por el momento, la posibilidad de un juez-robot ha sido insatisfactoria y constituido una vulneración de la independencia y la imparcialidad judicial.

Añadió que las razones de este diagnóstico son varias, incluyendo cuestionamientos de afectación directa a los derechos y garantías procesales al juez natural, a la defensa eficaz y la impugnación motivada.

MAUT-BOT

No obstante, Prado Saldarriaga expresó que las herramientas de IA han sido muy positivas en el objetivo democrático de acercar el servicio de la administración de justicia penal a la población.

En ese sentido, resaltó la experiencia del Poder Judicial de Perú con la plataforma virtual “El servicio de justicia en tus manos” que opera con un asistente de IA denominado MAU-BOT.

El juez supremo explicó que este asistente permite a los usuarios/as acceder a información básica y limitada sobre un proceso penal que se tramita ante una instancia judicial penal del país.

Además, sostuvo, puede derivar al ciudadano que interactúa con él hacia un funcionario judicial especializado que le brindará las respuestas pertinentes a las consultas más detalladas y complejas.

“El futuro inmediato para países como Perú demanda fortalecer y ampliar este tipo de herramientas de IA, sobre todo, teniendo en cuenta las brechas tecnológicas, condiciones geográficas y contextos culturales que coexisten en Latinoamérica y el Caribe”, refirió.

Además, son importantes por la presencia de grandes sectores de la población que se expresan en idiomas originarios como el quechua, aimara o lenguas amazónicas, los cuales no siempre conoce el juez penal.

Consideró la urgencia de estas nuevas herramientas para que la judicatura penal pueda responder activa y de manera oportuna a estos ciudadanos, quienes son afectados por la criminalidad organizada vinculada con la minería ilegal, tala forestal ilícita, tráfico de fauna o flora silvestre, y otras.

“(La criminalidad) los recluta y explota para sus modus operandi, para el incremento de sus economías ilegales, y los subordina también a prácticas de gobernanza criminal como un poder fáctico y paralelo al Estado”, señaló.

Este foro internacional se desarrolló en Río de Janeiro, Brasil, los días 7, 8 y 9 de octubre, y contó, además, con ponentes de Brasil, Francia, España, Panamá, Países Bajos, Ecuador, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras y Costa Rica.


Lima, 14 de octubre de 2025