Poder Judicial presenta tres formularios digitales para mejorar acceso a la justicia de personas con discapacidad
Nota de prensaDocumentos permitirá realizar trámites reducidos y que no sea necesario acudir de manera presencial.
10 de octubre de 2025 - 8:28 a. m.
El Poder Judicial, a cargo de la jueza suprema Janet Tello Gilardi, presentó tres formularios digitales sobre solicitudes judiciales de apoyos y salvaguardias, el cual permitirá un mayor acceso a la justicia para personas con discapacidad (PCD).
Se trata de la Solicitud de Restitución de la Capacidad Jurídica, la Solicitud de Reconocimiento Judicial de Apoyos y Salvaguardias, así como el de la Solicitud de Designación Judicial de Apoyos y Salvaguardias para la PCD que no pueden expresar su voluntad.
Cabe señalar que estos formularios, que son gratuitos y exonerados de aranceles judiciales, permitirán reducir los tiempos de trámite en las solicitudes, puesto que podrán ser presentadas a través de la Mesa de Partes Electrónica (MPE) sin necesidad de desplazamiento presencial.
También permitirá disminuir los costos asociados a la tramitación judicial, tanto para los usuarios como para el sistema de justicia, e incrementar el número de solicitudes, promoviendo una mayor cobertura en beneficio de las PCD.
El juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra, quien representó en este lanzamiento a la Presidenta del Poder Judicial, resaltó que estas herramientas digitales aseguran el acceso a la justicia de la referida población en vulnerabilidad mediante procedimientos efectivos y accesibles.
“Si bien el Poder Judicial ha dado pasos significativos en los últimos años, nuestro deber es continuar mejorando, lo cual se traduce en la implementación de servicios concretos que faciliten la interacción de las PCD con el sistema judicial”, agregó.
CRECIMIENTO DE DEMANDAS
Bustamante Zegarra precisó que estas acciones responden a las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las PCD de Naciones Unidas, el 2023, pero también en respuesta al crecimiento sostenido en la demanda de procesos que involucran a esta población en vulnerabilidad.
“En 2019 se registraron 404 solicitudes; en 2020, fueron 485; 928 en 2021; en 2022, 1 mil 245; en 2023, 1 mil 613; en 2024, 1 mil 813; en tanto que, en 2025, hasta agosto, fueron 1 mil 274, lo cual demuestra un incremento constante y que implica una respuesta oportuna y eficiente del Poder Judicial”, señaló.
El magistrado supremo resaltó, además, que esta implementación se da poco de conmemorarse el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, el próximo 16 de octubre.
“Con este formulario estamos brindando un apoyo para facilitar la labor de las PCD, para que tengan acceso al sistema de justicia, pues ninguna persona debe quedar fuera por una barrera que podamos remover el día de hoy”, anotó.
SUPERAR BARRERAS
Por su parte, la jueza suprema e integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia, Elvira Álvarez Olazábal, destacó que esta herramienta digital permitirá que las PCD superen las barreras dentro del sistema de justicia.
Recordó que este lanzamiento representa el cumplimiento de compromisos, de forma específica el artículo noveno de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la responsabilidad de los Estados en cuanto a los servicios públicos y la accesibilidad.
“Somos parte de la Convención, pero la idea hoy es presentarles las herramientas que le dan materialidad y vigencia, pues la señora Presidenta del Poder Judicial, como ustedes saben, tiene el empeño que la institución se ponga al día en el cumplimiento de sus compromisos”, señaló.
Tanto Bustamante Zegarra como Álvarez Olazábal expresaron su agradecimiento a la Embajada de Estados Unidos, a través de la Iniciativa para el Estado de Derecho del American Bar Association – Rule of Law Initiative (ABA ROLI - Perú).
Este organismo financió el desarrollo de los funcionarios como parte de una donación al Poder Judicial a través de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.
¿APOYOS Y SALVAGUARDIAS?
Desde el 2018, nuestro país cuenta con un nuevo tratamiento de la capacidad en el Código Civil, que se adecua a las directrices en pro de la autonomía y la plena capacidad jurídica de las PCD, que concuerda la legislación nacional con la Convención.
El régimen de sustitución de la voluntad de las personas incapaces es reemplazado por un modelo social mediante apoyos y salvaguardias, el cual es inclusivo, democrático y acorde al respeto a los derechos humanos de todas y todos, lo cual parte de reconocer la autonomía de la persona y su derecho a tomar sus propias decisiones, así como a equivocarse.
Así, el apoyo es una forma de asistencia elegida libremente por una persona adulta para facilitar el ejercicio de sus derechos u actos con efectos jurídicos, la cual puede recaer en personas naturales, jurídicas sin fines de lucro o instituciones públicas.
En tanto, las salvaguardias son medidas destinadas a asegurar que la persona designada como apoyo actúe conforme al mandato encomendado, respetando los derechos, la voluntad y las preferencias de la PCD.
Como se recuerda, este modelo social eliminó la interdicción para reconocer a las personas que forman parte de esta población en vulnerabilidad como titulares plenos de derechos y garantizar su capacidad jurídica.
Lima, 10 de octubre de 2025
Se trata de la Solicitud de Restitución de la Capacidad Jurídica, la Solicitud de Reconocimiento Judicial de Apoyos y Salvaguardias, así como el de la Solicitud de Designación Judicial de Apoyos y Salvaguardias para la PCD que no pueden expresar su voluntad.
Cabe señalar que estos formularios, que son gratuitos y exonerados de aranceles judiciales, permitirán reducir los tiempos de trámite en las solicitudes, puesto que podrán ser presentadas a través de la Mesa de Partes Electrónica (MPE) sin necesidad de desplazamiento presencial.
También permitirá disminuir los costos asociados a la tramitación judicial, tanto para los usuarios como para el sistema de justicia, e incrementar el número de solicitudes, promoviendo una mayor cobertura en beneficio de las PCD.
El juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra, quien representó en este lanzamiento a la Presidenta del Poder Judicial, resaltó que estas herramientas digitales aseguran el acceso a la justicia de la referida población en vulnerabilidad mediante procedimientos efectivos y accesibles.
“Si bien el Poder Judicial ha dado pasos significativos en los últimos años, nuestro deber es continuar mejorando, lo cual se traduce en la implementación de servicios concretos que faciliten la interacción de las PCD con el sistema judicial”, agregó.
CRECIMIENTO DE DEMANDAS
Bustamante Zegarra precisó que estas acciones responden a las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las PCD de Naciones Unidas, el 2023, pero también en respuesta al crecimiento sostenido en la demanda de procesos que involucran a esta población en vulnerabilidad.
“En 2019 se registraron 404 solicitudes; en 2020, fueron 485; 928 en 2021; en 2022, 1 mil 245; en 2023, 1 mil 613; en 2024, 1 mil 813; en tanto que, en 2025, hasta agosto, fueron 1 mil 274, lo cual demuestra un incremento constante y que implica una respuesta oportuna y eficiente del Poder Judicial”, señaló.
El magistrado supremo resaltó, además, que esta implementación se da poco de conmemorarse el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, el próximo 16 de octubre.
“Con este formulario estamos brindando un apoyo para facilitar la labor de las PCD, para que tengan acceso al sistema de justicia, pues ninguna persona debe quedar fuera por una barrera que podamos remover el día de hoy”, anotó.
SUPERAR BARRERAS
Por su parte, la jueza suprema e integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia, Elvira Álvarez Olazábal, destacó que esta herramienta digital permitirá que las PCD superen las barreras dentro del sistema de justicia.
Recordó que este lanzamiento representa el cumplimiento de compromisos, de forma específica el artículo noveno de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la responsabilidad de los Estados en cuanto a los servicios públicos y la accesibilidad.
“Somos parte de la Convención, pero la idea hoy es presentarles las herramientas que le dan materialidad y vigencia, pues la señora Presidenta del Poder Judicial, como ustedes saben, tiene el empeño que la institución se ponga al día en el cumplimiento de sus compromisos”, señaló.
Tanto Bustamante Zegarra como Álvarez Olazábal expresaron su agradecimiento a la Embajada de Estados Unidos, a través de la Iniciativa para el Estado de Derecho del American Bar Association – Rule of Law Initiative (ABA ROLI - Perú).
Este organismo financió el desarrollo de los funcionarios como parte de una donación al Poder Judicial a través de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.
¿APOYOS Y SALVAGUARDIAS?
Desde el 2018, nuestro país cuenta con un nuevo tratamiento de la capacidad en el Código Civil, que se adecua a las directrices en pro de la autonomía y la plena capacidad jurídica de las PCD, que concuerda la legislación nacional con la Convención.
El régimen de sustitución de la voluntad de las personas incapaces es reemplazado por un modelo social mediante apoyos y salvaguardias, el cual es inclusivo, democrático y acorde al respeto a los derechos humanos de todas y todos, lo cual parte de reconocer la autonomía de la persona y su derecho a tomar sus propias decisiones, así como a equivocarse.
Así, el apoyo es una forma de asistencia elegida libremente por una persona adulta para facilitar el ejercicio de sus derechos u actos con efectos jurídicos, la cual puede recaer en personas naturales, jurídicas sin fines de lucro o instituciones públicas.
En tanto, las salvaguardias son medidas destinadas a asegurar que la persona designada como apoyo actúe conforme al mandato encomendado, respetando los derechos, la voluntad y las preferencias de la PCD.
Como se recuerda, este modelo social eliminó la interdicción para reconocer a las personas que forman parte de esta población en vulnerabilidad como titulares plenos de derechos y garantizar su capacidad jurídica.
Lima, 10 de octubre de 2025