Presidenta de Poder Judicial logra que ejecutivo destine presupuesto para nuevas unidades de flagrancia

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, logró que el Ejecutivo se compromete a destinar el presupuesto necesario para la implementación de nuevas Unidades de Flagrancia en el país, y así contribuir a la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

Fue durante la Mesa de Trabajo convocada por el Gobierno y que contó con la participación, además, de representantes del Congreso de la República, Ministerio Público y gremios de transporte.

El Poder Judicial tiene un plan para implementar de manera progresiva hasta fines de año un total de 38 unidades de flagrancia en diversas jurisdicciones del país, en cumplimiento de la Ley n.°32348 (norma que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva).

Cabe recordar que, el Consejo Nacional del Sistema de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, que preside Tello Gilardi, en sesión del 12 de septiembre, aprobó sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el requerimiento presupuestal para tal fin, en cumplimiento de un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

Hasta la fecha se han implementado 29 unidades de flagrancia, siendo la Unidad de Flagrancia Modelo Tipo 2 de la Corte Superior de Ucayali la última puesta en funcionamiento el lunes 6 de octubre.

Tello Gilardi anunció que próximamente se pondrán al servicio de la ciudadanía unidades piloto de flagrancia delictiva en Madre de Dios, Áncash, Huaura, Junín, Pasco, Huancavelica, Cañete, Selva Central y Ayacucho.

Durante la Mesa de Trabajo, convocada por el Ejecutivo, también se acordó crear, en un plazo no mayor a quince días, una unidad especializada en la Policía Nacional para combatir la extorsión.

Asimismo, desde la Mesa Directiva del Congreso de la República se impulsará una iniciativa legislativa para la creación de un Grupo Interinstitucional Especializado para el combate contra la extorsión y el sicariato.

Este grupo estará integrado por el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú y otras entidades que corresponda.

El Poder Ejecutivo, asimismo, se comprometió a otorgar presupuesto necesario para la conformación de este grupo especializado, la creación de fiscalías especializadas en bandas criminales, así como emitir medidas extraordinarias para combatir la inseguridad ciudadana.

De igual modo, desde el Congreso se realizarán precisiones, de manera inmediata, a la Ley de Criminalidad Sistemática, y se priorizará el debate de medidas urgentes para combatir la inseguridad ciudadana.

Asimismo, en el plazo de 15 días hábiles, el Poder Ejecutivo reglamentará todas las leyes que se encuentren pendientes, y que estén relacionadas con seguridad ciudadana, en especial, sobre sicariato y extorsión.

Por otra parte, el Ministerio Público propondrá una iniciativa legislativa para la ampliación del plazo de flagrancia a 72 horas, y se considerará un plazo de 15 días de detención aplicables a los delitos de extorsión y sicariato.

La próxima mesa de trabajo se realizará en el Palacio Legislativo el jueves 16 de octubre a las 8:30 a. m., con la finalidad de evaluar medidas alternativas y complementarias, mientras que la subsiguiente sesión se efectuará el 9 de noviembre a las 10 a. m. en Palacio de Gobierno.